Un mes antes de concluir su mandato como presidente, Andrés Manuel López Obrador declaró que, durante su administración no había habido casos graves de corrupción. Hay evidencia que contradice al ex mandatario: si en algo se parecen los gobiernos de Morena a los anteriores es en la propensión a la impunidad.
Dos expedientes sirven para ilustrar: Segalmex y el caso de Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INAMI). Ambos, a pesar de haber provocado gran escándalo, libraron la aduana del cambio de estafeta sin que las consecuencias para los responsables fueran proporcionales a los actos cometidos.
El quebranto público que afectó Segalmex rebasó los 9 mil 500 millones de pesos. La cifra fue validada por Luisa María Alcalde, última secretaria de Gobernación durante la administración lopezobradorista.
Sin embargo, hasta el día de hoy la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente ha logrado la consignación de dos mandos altos pertenecientes a la extinta dependencia.
Esperan a ser juzgados René Gavira, director de finanzas de Segalmex y Hugo Buentello Carbonell, ex director de Liconsa, quien fue llevado ante un juez hace unos cuantos días.
No han tocado al resto de los varios operadores del atraco, destacadamente Ignacio Ovalle Fernández, titular responsable de este mayúsculo asunto de corrupción.
No es la ineficiencia de la FGR lo que explicaría esta circunstancia, sino la voluntad deliberada para proporcionar impunidad.
Otro tema, de naturaleza distinta pero igual de podrido es el de Francisco Garduño, autoridad a cargo cuando sucedió el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez donde fallecieron 40 personas. Este funcionario tiene responsabilidad de que los guardias de esa instalación se hayan negado a abrir las puertas del recinto mientras las llamas consumían la vida de las víctimas aquel lunes 27 de marzo de 2023.
Tan es así que, en este caso, la FGR sí procedió penalmente contra Garduño por no haber proporcionado “seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.”
Sin embargo, a principios de este mes un Tribunal Colegiado confirmó la suspensión del proceso criminal seguido contra el titular del INAMI a cambio de que este sujeto ofreciera una mera disculpa pública a las víctimas.
Zoom: Es una acción aberrante negar la corrupción mientras, desde el poder, se promueve la impunidad.