El conflicto político que ha colocado al Poder Judicial bajo asedio, externo e interno, está poniendo en riesgo juicios que involucran a miles de víctimas cuyo único recurso es la actuación imparcial de los tribunales.
Son personas de carne y hueso que no merecen ser desprotegidas por una pugna cuyo resultado podría negarles los derechos y las libertades que les pertenecen.
Ofrezco como ejemplo un caso tremendamente arbitrario al que he dedicado cinco años de investigación. Es pública mi postura a propósito del caso Wallace. Después de analizar a consciencia los elementos a mi disposición, estoy convencido de que el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto León Miranda, hijo de la señora Isabel Miranda de Wallace, es un evento fabricado.
Esas mismas evidencias se encuentran hoy en manos de la Primera Sala de la Suprema Corte, que habrá de resolver en breve este expediente.
Sin embargo, fiel a su oportunismo, la señora Miranda se está aprovechando de la crisis en el Poder Judicial para intentar torcer la actuación de los tribunales.
A través de la periodista Yohali Reséndiz, la señora Miranda difundió información falsa. Asegura que yo habría sobornado al ex presidente de la Corte Arturo Zaldívar para liberar a los falsos secuestradores.
Presentó para ello dos piezas hechizas que no soportan el más mínimo análisis. Un presunto depósito a una cuenta del ex ministro y las transcripciones de tres comunicaciones obtenidas —según confiesa— a través del programa espía Pegasus, en donde se habría pactado el cohecho.
Debo precisar que mi investigación ha tenido como única motivación la labor periodística que el caso Wallace se merece por sus méritos y alcance. Jamás he recibido dinero sucio, como afirma Reséndiz, y mucho menos he incurrido en sobornos.
Tiene dos meses que exigí a Yohali Resendiz derecho de réplica y, sin embargo, esta persona, carente de ética, me lo ha negado sin ofrecer explicaciones.
Mientras tanto, su montaje recorre con toda impunidad las redes sociales y se distribuye masivamente en chats de WhatsApp.
Zoom: cada hachazo contra el Poder Judicial, suceda dentro o fuera de sus paredes, aparta a las víctimas de la obtención de justicia. En el caso Wallace lo relevante es que, después de 18 años, se está buscando mantener encarcelados a los damnificados de la señora Miranda por un delito que no cometieron.