El delito de omisión figura en el Derecho Penal de este país y, llegada la circunstancia, un ciudadano de a pie podría muy seguramente entablar una querella contra el mismísimo Estado por desatender la más primordial de sus obligaciones, la de asegurar el derecho a la vida de sus ciudadanos (o, por lo menos, un procedimiento así figura en la imaginación de quien escribe estas líneas).
Para eso existe, precisamente, el preponderante tribunal constitucional que tenemos en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para emprender sumarios en los que la actuación de los propios Poderes pueda ser impugnada, y corregida, para responder así a los mandatos constitucionales.
Pero ¿qué está pasando ahora? Ocurre que ese recurso, imaginado simplemente por este articulista, para confrontar a los gobernantes y llevarlos a atender el urgentísimo y apremiante problema de la violencia criminal, no solo parece estar fuera de sus alcances (por algo es que no hemos sabido de que una asociación o un simple vecino hayan interpuesto una demanda de esa naturaleza o, en todo caso, no hemos visto, ni mucho menos, un pronunciamiento favorable a la petición de los posibles litigantes) sino que, muy pronto, las facultades de quien pretenda refutar jurídicamente los desempeños de los gobernantes, cualesquiera que sean, estarán definitiva y fatalmente anuladas.
Los juicios y los recursos que se interponen ante las autoridades proceden –a estas alturas todavía y así de lento como se mueva el pesado aparato de la justicia— porque los encargados de tramitar las querellas no son parte de la cofradía reinante sino miembros de uno de los Poderes independientes y, ante todo, custodios directos de la letra constitucional, es decir, garantes de las leyes.
Los jueces y magistrados del Poder Judicial no responden, por principio, a los intereses particulares de la política ni se arrodillan tampoco ante los poderosos de turno. Lo único que hacen es conducir los procedimientos de un juicio en estricto apego a las normas jurídicas para, al final, dictar sentencias y brindar de tal manera reparación a la parte afectada. Y, aun así, cuando la decisión judicial emitida por un juez sea injusta, o pueda parecerlo, existe el recurso de apelación para impugnar la sentencia.
Pues bien, ¿imaginan ustedes cuáles serán las consecuencias de que esos árbitros sean mañosamente elegidos para atender en exclusiva los provechos del oficialismo?