El anuncio del gobernador Pablo Lemus sobre el destino de los excedentes de la tarifa del transporte público para apoyar a familiares de personas desaparecidas y policías caídos es, sin duda, una decisión bien intencionada. Sin embargo, conviene observar con cuidado el origen de estos recursos y el proceso que llevó a su asignación.
Actualmente, el costo oficial del transporte público es de 9.50 pesos, pero en la práctica los usuarios terminan pagando 10 pesos porque las máquinas instaladas en las unidades no regresan cambio. Estos 50 centavos adicionales, que parecen poca cosa en un solo viaje, representan millones de pesos que se han acumulado en un fideicomiso, hoy con alrededor de 50 millones de pesos.
El anuncio del gobierno estatal es sensible al atender problemáticas importantes, como el apoyo a 500 familias de desaparecidos que recibirán hasta dos transportes diarios para cuatro miembros de cada familia. También se contempla respaldar a los familiares de policías que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Es un gesto que refleja empatía con sectores que enfrentan situaciones muy difíciles.
No obstante, hay un punto que no puede pasarse por alto: nadie consultó a los usuarios del transporte público si querían aportar estos 50 centavos a la causa. El hecho de que las máquinas no regresen cambio obliga a las personas a contribuir sin haber dado su consentimiento, y aunque el destino de los recursos tiene una causa noble, la falta de consulta hace que la decisión pierda parte de su legitimidad.
Además, es justo recordar que el transporte público en el estado sigue siendo un tema que requiere atención. Si los usuarios pagan más de lo estipulado, también es razonable que esos recursos se utilicen para mejorar el servicio: unidades en buen estado, mayor seguridad y puntualidad, son demandas constantes que no terminan de resolverse.
Destinar estos fondos a apoyar a los más afectados por la violencia es una acción positiva, pero sería aún mejor si se escuchara a la ciudadanía antes de decidir. La transparencia y la participación son claves para fortalecer la confianza en el manejo de los recursos públicos. Si los usuarios son quienes aportan ese dinero, lo justo sería tomarlos en cuenta.
La administración estatal ha dado un paso importante al dirigir estos recursos hacia sectores vulnerables, pero también tiene la oportunidad de incluir a los ciudadanos en este tipo de decisiones. Cuando se escucha a quienes aportan, las acciones no solo se perciben como justas, sino también como resultado de un gobierno cercano y participativo.