México es un país resiliente, que ha superado cambios políticos y sociales a lo largo de su historia. Sin embargo, la violencia y el crimen organizado siguen siendo desafíos enormes. Algo que hemos aprendido es que los patrullajes y el despliegue de fuerzas de seguridad no son suficientes para detener la violencia por sí solos; la investigación y la inteligencia juegan un papel esencial en la lucha contra el crimen. Y hay que reconstruir.
El 11 de febrero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó dos iniciativas claves para fortalecer el combate al crimen organizado, particularmente contra los cárteles de la droga. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar la coordinación entre autoridades de seguridad en todos los niveles de gobierno y aumentar la eficacia de los operativos para frenar a los grupos criminales que amenazan la seguridad de México.
Una de las principales propuestas es la creación de una plataforma tecnológica integrada bajo la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Esta plataforma permitiría, por ejemplo, un intercambio de información en tiempo real entre la policía municipal, la Guardia Nacional y las fuerzas federales. Esto significa que, si un cártel se mueve entre varias ciudades, las autoridades podrán coordinar operativos simultáneos para detener a los miembros de la organización.
Además, con la implementación de un sistema de análisis predictivo, utilizando inteligencia artificial, podrían anticiparse los movimientos de los cárteles y prevenir la violencia antes de que ocurra. Si un cártel está moviendo grandes cantidades de droga a través de ciertas rutas, las autoridades podrían detectar el patrón rápidamente, bloquear rutas de transporte y realizar detenciones, lo que sería un golpe directo para los grupos criminales.
Además, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública propone una mayor cooperación entre las fuerzas federales, estatales y municipales, centralizando la toma de decisiones para asegurar que todos los niveles de gobierno actúen bajo una estrategia nacional. Esto implicaría operativos conjuntos, como por ejemplo, una acción coordinada para erradicar actividades criminales donde los cárteles tienen presencia.
La supervisión y seguimiento de políticas locales de seguridad también será más estricta, lo que garantizará que los recursos destinados a la lucha contra el crimen no se desvíen hacia intereses corruptos y que lleguen a quienes realmente lo necesitan. Pero al mismo tiempo, se fortalecerían a las autoridades locales, que muchas veces carecen de recursos y capacitación para enfrentar a los cárteles. En regiones con gran presencia de cárteles, como Sinaloa o Michoacán, los gobiernos locales podrían recibir recursos y capacitación para mejorar sus capacidades operativas y detener de manera más eficaz las actividades delictivas de los cárteles.
Estas reformas no se limitan solo a la mejora de la seguridad interna de México. La colaboración con Estados Unidos y otros países se fortalecería y podría resultar en operativos conjuntos para desmantelar laboratorios de drogas, capturar miembros de los cárteles y compartir información crucial sobre rutas de tráfico de drogas, utilizando información compartida sobre rutas, contactos y actividades.
También se propone un enfoque integral para combatir el lavado de dinero. Con la mejora de los sistemas de monitoreo, las autoridades podrán detectar transferencias de dinero sospechosas y detener el flujo de recursos que alimentan las actividades criminales. Sin el respaldo financiero, los cárteles perderán poder, capacidad de operar y controlar territorios.
¿Es la ruta correcta? Un informe de la consultora Integralia, con datos de México Evalúa, señala en los primeros 100 días del actual gobierno se han logrado avances significativos en seguridad: 7,720 detenidos en comparación con solo 31 durante los primeros 100 días del sexenio anterior y 3,000 armas decomisadas, frente a solo 26 en el mismo periodo del gobierno anterior.
Y eso se logró con “lo que había”.
Hoy más que nunca, se necesitan resultados. No es momento para campañas políticas, sino para entender que este es el punto de quiebre en el que México debe redefinir su estrategia de seguridad. Las reformas propuestas no solo buscan mejorar la seguridad en el país, sino también construir una red sólida que proteja a la ciudadanía y reduzca la violencia. La resiliencia de México, sumada a estas reformas, puede marcar la diferencia en el combate al crimen organizado y en la creación de un país más seguro para todos y todas.