En México, la separación de poderes ha sido, en teoría, uno de los pilares fundamentales del sistema político. Sin embargo, en la práctica, esta premisa ha quedado como una aspiración lejana. Desde los gobiernos priistas, pasando por los años de alternancia con el PAN, hasta el actual dominio de Morena, la concentración de poder en el Ejecutivo y su influencia sobre el Legislativo y el Judicial ha sido una constante que se ha acentuado.
El control que Morena ejerce actualmente en ambas cámaras del Congreso ha fortalecido una dinámica política en la que las decisiones del Ejecutivo suelen traducirse en reformas aprobadas sin contrapesos significativos. Esto ha generado una preocupación legítima entre diversos sectores de la sociedad, especialmente empresarios y ciudadanos que temen la falta de equilibrios democráticos.
La ausencia de una verdadera separación de poderes impacta de manera directa en la certidumbre jurídica, esencial para el desarrollo económico. Los empresarios, nacionales e internacionales, requieren un marco legal estable, transparente y confiable para invertir. Cuando las instituciones legislativas y judiciales se perciben subordinadas al Ejecutivo, surgen dudas sobre la imparcialidad de las decisiones gubernamentales, particularmente en temas como contratos, licitaciones y regulación.
Por otro lado, la sociedad civil también resiente las consecuencias de esta concentración de poder. La falta de contrapesos disminuye la capacidad de exigir rendición de cuentas, propiciando espacios para la opacidad y el abuso de autoridad. El ciudadano común se enfrenta a decisiones que, lejos de responder a sus necesidades, parecen priorizar agendas políticas e intereses de partido.
¿Qué se puede esperar de este panorama? Los empresarios y la sociedad deben mantener una postura activa y vigilante. Es imprescindible fomentar la participación ciudadana y el fortalecimiento de organizaciones independientes que funcionen como contrapesos efectivos. Asimismo, resulta crucial que los sectores productivos continúen demandando un ambiente que garantice la certeza jurídica y económica.
México necesita instituciones fuertes y autónomas que respondan al interés público, no al capricho del poder. La separación de poderes no debe quedarse en un ideal; es un requisito indispensable para construir un país más justo, equitativo y próspero.