El cobarde asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no es un mensaje para Clara Brugada, como han manifestado de bote pronto algunos opinadores.
Es algo mucho más profundo.
Es un aviso para todas las autoridades del país de que el crimen organizado no se dejará destruir sin dar batalla.
La Ciudad de México estaba dando batalla. No es secreto de nadie que la Unión Tepito, cártel capitalino, había recibido duros golpes en tiempos recientes. Hace poco menos de un mes cayó su principal líder y, en los últimos meses, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, había logrado desarticular al menos 19 células criminales y detener a 124 criminales.
Hay mucho en juego y los criminales no parecen dispuestos a cruzarse de brazos, ni en la Ciudad de México, ni en otras partes del país, ante el notable cambio de estrategia de seguridad que estamos viviendo.
Con López Obrador, la política implícita de seguridad era un laissez-faire. Ahora, el país ha dado un vuelco y, con el liderazgo de Omar García Harfuch, ha desarrollado un ethos profundamente confrontativo. Somos un país que ha retomado su intención de capturar y doblegar a los grupos criminales, algo que no se había visto en mucho tiempo.
Esta no es la primera vez que el crimen organizado reacciona de manera virulenta ante ataques. El incremento exponencial de las tasas de homicidio durante el sexenio de Calderón es un ejemplo de ello. El atentado contra la vida de Omar García Harfuch en 2020 es otro.
Hay, sin embargo, algo único en el cruel homicidio de Ximena y Pepe. Algo que no habíamos visto antes y que lo vuelve aún más aterrador.
Y es que, de confirmarse que el atentado fue perpetrado por el crimen organizado, el evento demostraría que los delincuentes ya no solo están dispuestos a victimizar a las autoridades directamente involucradas en la implementación de políticas de seguridad, sino también a funcionarios de nivel medio.
Se confirmaría algo estremecedor: que los criminales han decidido cobrarle cuentas a quien no las debe como una forma de mandar mensajes a quienes sí. Las consecuencias serían ominosas para la función pública, la capacidad del Estado por atraer talento y la tranquilidad de todos los funcionarios del país, no solo en Ciudad de México.
Estamos en territorio desconocido.
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