Vivir en el tipo de país en el que queremos vivir, es decir, en uno con vivienda social, impuestos progresivos, transporte público, infraestructura y servicios ofrecidos por el Estado, requiere poner los intereses de todos por encima de los de un puñado.
Algo que, en México, no ha pasado. Por el contrario, la excesiva protección de la utilidad, la propiedad e incluso las ganancias fiscales de privados es la causa principal de nuestra crisis de vivienda, transporte e infraestructura.
Como ha mostrado el trabajo de Alisha Holland, profesora del departamento de gobierno de Harvard, en Latinoamérica la excesiva protección a los derechos de privados ha debilitado al Estado al punto de dejarlo inoperante e incapaz de realizar objetivos básicos como construir obra pública [2]. El temor a los abusos del Estado nos ha llevado al extremo de incapacitar a nuestras autoridades a desarrollar los bienes públicos que necesitamos.
Con esto en mente quiero discutir la reforma a la ley de amparo que en próximos días se votará en la Cámara de Diputados.
La reforma busca evitar que leyes aprobadas de manera democrática por el Congreso sean temporalmente congeladas por un juez cuando éste considere que pudieran afectar los derechos de alguien o algunos [1]. La intención de la reforma es impedir que el criterio individual de un juez quede por encima de los acuerdos obtenidos por la totalidad de los senadores y legisladores federales.
La reforma es controversial, porque atenta contra la ideología sobre la que se ha construido el entramado legal mexicano contemporáneo: el individualismo. Es decir, la idea de que el derecho de una sola persona, empresa o grupo debe ser superior al interés colectivo.
Digo que “se ha ido construyendo” porque la idea de que una sola persona o empresa pueda detener la aplicación de una ley diseñada y aprobada por los representantes de 130 millones de mexicanos hasta hace unos cuantos años hubiera sido considerado una locura. La idea no está expresamente contemplada ni en la Constitución ni en las leyes. Por el contrario, tal idea ha surgido y se ha ido creando poco a poco con base en la interpretación de jueces en lo individual.
En otras palabras, uno de los mecanismos de control más colosales que existen en México no fue discutido de forma democrática en los parlamentos que para ello existen, sino que es producto de las interpretaciones hechas por un puñado de jueces en respuesta a los argumentos que recibieron por parte de abogados privados.
La pregunta esencial es si queremos que exista ese control y con qué parámetros lo queremos. En lo personal, yo pienso que un control tan transcendental debe estar limitado a casos extraordinarios y ser validado con la mayoría calificada de la Suprema Corte. Me parece que el control debe estar limitado a temáticas directamente relacionadas con el bien público de comunidades vulnerables.
Hoy por hoy no es el caso. Por el contrario, el caso más sonado de este tipo de control extraordinario no se dio para buscar el bien común, sino para permitir la continuación de las utilidades de las empresas eléctricas. Las cuales, en este sexenio, lograron congelar una ley porque un juez consideró que afectaba su derecho a tener ganancias.
Parece broma, pero en términos simplificados así fue. El argumento no fue la defensa del bien común de un grupo vulnerable, sino el supuesto derecho de la empresa al libre mercado (entendido ideológicamente por los jueces como un mercado con limitada regulación pública y sin entidades públicas).
Muchos abogados defienden el amparo, porque han hecho de él su forma de vida. No es casualidad que los abogados mejor pagados del país sean notarios, corporativos o especialistas en amparo. Otros lo defienden, porque ideológicamente conciben al Estado como corrupto o abusivo. Unos más lo defienden, porque conocen casos positivos de protección a individuos, barrios o comunidades. No ven el gran angular por mirar lo micro.
No tengo duda de que al leerme esos abogados me dirán que el amparo no solo es usado para defender empresas eléctricas o gente rica. Tienen razón. El amparo también es usado por los pobres que logran que un rico los ayude. O por aquellos que logran que alguien, de buena fé, les regale una defensoría legal que en el mercado vale cientos de miles de pesos. De facto, nadie puede negar que el amparo es de los ricos y de quienes logran acceder a su caridad.
La pregunta es si queremos continuar teniendo un país donde la filantropía legal sustituya la capacidad estatal. Yo pienso que no. Y estoy convencida de que, para lograrlo, requerimos reflexionar profundamente sobre qué ha impedido que el Estado opere en favor del bien público.
Es por todo lo anterior que estoy a favor de que tengamos una amplia discusión nacional sobre cómo reformar el amparo.
Vivir en comunidad requiere escoger entre derechos que muchas veces se contraponen. Tengo la convicción de que la protección de los más vulnerables nunca va a lograrse desde concepciones individualistas de los derechos. Ni desde el obtuso debate legal. Sino desde la política pública y el sueño, compartido por muchos, de tener un Estado más capaz y un país más justo.
LO CONTENIDO EN ESTE TEXTO ES PUBLICADO POR SU AUTORA EN SU CARÁCTER EXCLUSIVO COMO PROFESIONISTA INDEPENDIENTE Y NO REFLEJA LAS OPINIONES, POLÍTICAS O POSICIONES DE OTROS CARGOS QUE DESEMPEÑA.
FUENTE: [1] SUSPENSIONES CON EFECTOS GENERALES CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS QUE SE CONSIDERAN INCONSTITUCIONALES,
[2] HOLLAND, A.C. (2023). ROADBLOCKS: HOW PROPERTY RIGHTS UNDERMINE DEVELOPMENT IN COLOMBIA. AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE, 67(3), 639-655.