Esta semana se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados una reforma laboral que garantizará que 658 mil trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi puedan obtener seguridad social, aguinaldo, atención médica y créditos a la vivienda. Todo indica que, tras revisión por el Senado, la reforma pronto entre en vigor.
La victoria es magna y no vino fácil. Conocer cómo se gestó y qué intereses lograron detenerla por tanto tiempo es un microcosmos de cómo funciona México.
Uber comenzó operaciones en la Ciudad de México de manera ilegal en 2013 y no fue legalizado sino hasta 2015 luego de una serie de duras protestas de taxistas en la Ciudad de México. En su momento Uber boicoteó las protestas y tanto la Comisión Federal de Competencia, como la Comisión de Derechos Humanos local se pronunciaron en favor de Uber.
Como parte de las negociaciones para poder operar libremente en la Ciudad de México, Uber y Cabify acordaron que pagarían una aportación equivalente al 1.5% del cobro de cada viaje, destinada a mejorar la infraestructura de transporte público y apoyar la renovación de la flotilla de taxis.
No sonaba mal, pero el diablo estuvo en los detalles.
El problema fue que el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acordó que la aportación no sería depositada como un impuesto para uso público, sino que quedaría guardada dentro de un fideicomiso privado discrecional y opaco solo conocido por el jefe de gobierno, las plataformas digitales y algunos cuantos funcionarios.
Cuando Sheinbaum llegó a ser Jefa de Gobierno descubrió el fideicomiso. Para entonces, éste ya tenía cerca de 24 millones de dólares. Sin embargo, al ser privado y protegido por el secreto bancario, el gobierno estaba incapacitado legalmente para disponer de los recursos.
Fue entonces que el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México se confrontó directamente con las plataformas. La Jefa de Gobierno canceló el fideicomiso y transformó los pagos en un verdadero impuesto (i.e. aprovechamiento), propiamente reconocido, transparente y usable por el Estado.
La confrontación no terminó ahí. En 2021, Sheinbaum se puso la meta de regular en materia laboral a las plataformas pero no lo consiguió. No es sino hasta ahora, desde la presidencia, que se ha logrado avanzar en esta agenda.
La reforma de las plataformas avanzó, no solo confrontando las resistencias propias de las plataformas, sino la de los afectados por la disolución del fideicomiso, e incluso la de algunos colectivos de repartidores cercados a las plataformas que han sido convencidos de que tener derechos laborales tendrá consecuencias negativas para ellos. Extrañamente, los colectivos de repartidores anti-derechos laborales y anti-impuestos han tenido mucha más difusión en medios que los que estaban a favor de la reforma.
La batalla debe continuar. Falta mucho por hacer por los trabajadores de aplicación. Como ha reportado la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), la reforma “deja ambigüedades que podrían perpetuar la precariedad laboral, como la falta de herramientas para trabajar, la exclusión de periodos de conexión como tiempo de trabajo, y la fragmentación de la seguridad social”. También será necesario evitar que se modifique.
Sin embargo, lo que hoy estamos viendo en México en materia de regulación laboral de las plataformas es, sin duda, un avance en la dirección correcta.