Esta mañana se dio a conocer que el ex secretario de seguridad Genaro García Luna y Linda Cristina Pereyra, su esposa, fueron sentenciados sin juicio en el proceso civil que enfrentaban en una corte de Miami, Florida.
Información compartida por el periodista Ángel Hernández de MILENIO señala que la jueza Lisa Walsh ordenó que el matrimonio pague una suma de casi dos mil 500 millones de dólares al resolver la demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 21 de septiembre de 2021.
De manera individual, la sentencia compele a García Luna a pagar 748 millones 829 mil 676 dólares, mientras que Pereyra deberá cubrir la suma de mil 740 millones 25 mil 540 dólares.
¿De qué acusó la UIF a García Luna y Cristina Pereyra?
El procedimiento fue promovido por la UIF ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, en Florida, con la intención de recuperar los recursos que fueron obtenidos mediante defraudaciones al gobierno a partir de contratos ilegales.
Según las investigaciones de esta unidad administrativa, un conglomerado empresarial obtuvo de forma ilícita un total de 30 contratos con entes públicos de seguridad bajo el auspicio de García Luna.
El monto extraído por el entramado fue de más de 650 millones de dólares y las instituciones involucradas fueron la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, explicó que entre 2009 y 2018, con estos contratos, las tres instituciones pagaron 625 millones de dólares y 93 millones de pesos al Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, a través de cuentas en México, Barbados e Israel.
La demanda civil de la UIF buscaba la recuperación de más de 600 millones de dólares que fueron sustraídos al Estado mexicano mediante la red de corrupción y lavado de dinero en la que participó el tejido empresarial del Grupo Weinberg, con el cobijo de García Luna.
Durante los preparativos del juicio —que no se concretó—, las autoridades ordenaron que al gobierno mexicano se le entregaran dos millones 406 mil 427 dólares, producto de la venta de inmuebles y de un acuerdo reparatorio que se hizo como parte de la demanda. Aunado a ello, se estableció la entrega de un departamento valuado en 555 mil 800 dólares, que fue propiedad de García Luna, para su venta.
Tal decisión se tomó porque García Luna y Cristina Pereyra se negaron a comparecer en el juicio y fueron declarados en rebeldía, según la información proporcionada por la UIF.
Actualmente, el ex secretario de Seguridad Pública purga una pena de más de 38 años de cárcel en la penitenciaría del condado de Lee, en Virginia, luego de ser declarado culpable de rendir falso testimonio y participar en una conspiración para traficar drogas.
BM.