Un Tribunal Federal ordenó a un juez decretar el sobreseimiento de la causa penal iniciada contra el ex director jurídico de la cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo.
Se pretendió llevarlo a proceso por el presunto delito de defraudación fiscal equiparable por casi tres millones de pesos, resolución que tendrá efectos de sentencia absolutoria.
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Por unanimidad, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México determinó que el delito que se le imputó al ex directivo ya prescribió.
¿Cuál será la resolución?
Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Hacienda de Crédito Público apelaron la resolución de un juez de control del reclusorio sur, del Centro de Justicia Penal Federal que resolvió no vincularlo a proceso, en una audiencia celebrada el 26 de marzo de 2024.
Sin embargo, el Tribunal confirmó la resolución del juez de primera instancia.
“…la querella no reunió todos los requisitos de procedibilidad y por consecuencia precluyó su derecho de hacerlo en tiempo; tampoco se pasó por alto que la preclusión y la prescripción de la acción penal son figuras independientes, porque derivado de que se actualizó la primera figura jurídica dio pauta para generar la segunda, lo cual no permite que el plazo a computar para la prescripción del ejercicio de la acción penal, sea conforme lo establece el segundo párrafo del Código Penal Federal”, detalla la resolución.
El fallo ordena al juez de control modificar el auto de no vinculación a proceso, para agregar, en reasunción de jurisdicción, que se actualizó la figura de la prescripción de la acción penal “y con fundamento en los artículos 327, fracción VI, 328 en relación con el 458, fracción VII, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, decretar el sobreseimiento de la causa, con efectos de sentencia absolutoria”.
El asunto tiene que ver con su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en la que el exdirectivo supuestamente consignó ingresos acumulables por 2 millones 224 mil 484 pesos, los cuales son menores a los realmente obtenidos.
Las autoridades federales aseguraron que el ex directivo en realidad obtuvo ingresos acumulables por 10 millones 471 mil 379 pesos, por lo que dejó de pagar al Fisco de la Federación el ISR por la cantidad de 2 millones 997 mil 112 pesos con ocho centavos.
En enero pasado, en otro proceso, el juez de control Enrique Beltrán Santés, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a esta persona, lo que le permitió enfrentar su caso en prisión domiciliaria.
En dicho caso enfrenta un proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por hechos relacionados con el desfalco de recursos en agravio de la cooperativa.
MD