Con 22 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de la Guardia Nacional para trasladar dicha corporación de la Secretaría de Seguridad a la de Defensa Nacional y darle atribuciones para realizar tareas de investigación e inteligencia, llevar a cabo operaciones encubiertas e intervenir comunicaciones privadas, previa autorización de la autoridad judicial.
Las bancadas del PAN y PRI acusaron al bloque oficialista de militarizar la seguridad pública del país, mientras Morena y aliados defendieron la iniciativa del Ejecutivo y sostuvieron que la Guardia Nacional mantendrá el mando civil a cargo de la Presidenta de la República.
¿En qué consiste la iniciativa?
El proyecto turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su discusión en el pleno en un eventual periodo extraordinario de sesiones define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa.
Durante la discusión de tres horas y a nombre del PRI, el diputado Emilio Suárez Licona afirmó que los gobiernos de Morena han optado por sentar las bases de un “Estado militar”, en lugar de apostar por una estrategia de fortalecimiento a las fuerzas civiles de seguridad.
“Con esta reforma no solo se habrá de concretar la militarización de la guardia, sino que se dan los primeros pasos para militarizar de manera indirecta los cuerpos policíacos estatales y municipales a través de los convenios con las entidades federativas. En los términos de este dictamen, la disciplina, estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional será estricta y eminentemente militar. Que no quede lugar a dudas: el gobierno está militarizando al país”, puntualizó.
En respuesta, el legislador Hugo Eric Flores, de Morena, calificó a panistas y priistas de falsos, hipócritas, mentirosos y cobardes.
“Es desafortunado que no hayan tenido la visión de Estado, ni los pantalones, ni la valentía para crear una institución que le diera seguridad pública a este país. Y que hoy que lo estamos haciendo nos vienen a decir ‘están militarizando la seguridad pública’. ¡Por favor!, hubieran tenido la valentía de presentarle al pueblo de México estos dictámenes, porque la seguridad pública en este país ya estaba militarizada”, arengó.
Por el PT, Ricardo Mejía sostuvo que la oposición busca el “modelo García Luna” de seguridad, caracterizado por la corrupción, así como policías civiles debilitadas, infiltradas y subordinadas a los poderes fácticos.
“Ustedes quieren la ‘garcialunización’ de la seguridad pública cuando ese modelo ya está rebasado por la historia y no se van a salir con la suya”, remarcó.
En representación del PAN, la diputada Paulina Rubio cuestionó la incongruencia de Morena, que en voz de personajes como Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado y Citlalli Hernández, rechazaba la militarización de la seguridad pública antes de llegar al gobierno.
“La concentración de poder que le están dando a la Secretaría de la Defensa Nacional no la van a poder parar ni siquiera ustedes (…), pero le agregan un sin fin de ingredientes que, por supuesto, ponen en peligro las libertades del país y tendrían que preocupar a todos los todos los mexicanos. Este monstruo de mil cabezas que están creando los va alcanzar a ustedes”, advirtió.
Los superpoderes de la GN
La nueva Ley de la Guardia Nacional, con reformas a otros ocho ordenamientos, establece entre las atribuciones de la corporación realizar tareas de investigación e inteligencia para la prevención de los delitos; llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, así como intervenir comunicaciones privadas.
“La Guardia Nacional podrá solicitar ante la autoridad jurisdiccional la intervención de comunicaciones. La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud de la persona titular de la comandancia o de la jefatura general de coordinación policial, cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos”, señala el dictamen.
La corporación se encargará de igual forma de salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, además de prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, centros de supervisión y control migratorio, carreteras federales, vías férreas, aeropuertos y espacio aéreo.
Por lo que hace al mando de la institución, el ordenamiento prevé que “la persona titular de la comandancia debe ostentar la jerarquía de general de división de Guardia Nacional y será nombrada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
La corporación participará con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios en operaciones coordinadas para preservar la paz social y la seguridad de la población y, por conducto del secretario de la Defensa, podrá celebrar convenios de colaboración con las autoridades locales para la realización de acciones continuas en materia de seguridad pública, por un tiempo determinado.
El dictamen mantiene las disposiciones de control parlamentario sobre la actuación de la Guardia Nacional.
Para ello, al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de cada año legislativo en febrero, el Ejecutivo presentará por escrito ante el Senado de la República un informe de las actividades desarrolladas por la corporación durante el año inmediato anterior.
EHR