El Consejo General del INE concluyó que por falta de pruebas y ante la omisión de autoridades de responder a requerimientos, no podrían acreditar algún impedimento relacionado con violencia de género o familiar de alguna de las candidaturas que resultados electas en la elección judicial, a pesar de que la consejera Carla Humphrey enlistó a tres candidatos que dijo, no deberían impartir justicia si son violentadores.
La mayoría del Consejo General aprobó que ninguna candidatura electa en la elección judicial es inelegible por algún supuesto de la 8 de 8 contra la violencia, pues aunque había denuncias, deben apegarse a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establecen que se requiere probar con una sentencia firme alguno de estos supuestos antes de restringir derechos de las personas acusadas.
La consejera Carla Humphrey expuso que aunque se vieron 27 casos, había tres en los que sí se tenían denuncias sólidas y reiteradas, que implicaban que estos candidatos electos no deberían asumir un cargo para impartir justicia.
Señaló que Jaime Cisneros, candidato a magistrado del cuarto circuito judicial de Nuevo León está acusado por acosar a estudiantes durante sus actividades como docente en la Universidad estatal.
"Acosaba a sus alumnas amenazándolas con represalias si se negaban a salir con él. Además, a la fecha, el candidato no ha presentado el formato bajo protesta de decir verdad de que no incurrió en estos supuestos, es decir, ni siquiera se está comprometiendo, la presunción no opera a su favor porque conoce la medida y no estuvo en condiciones de decir bajo protesta de decir verdad que no ha incurrido en violencia contra las mujeres".
Otro es Sergio Díaz, candidato a magistrado a la Sala Regional Monterrey acusado de ser deudor alimentario moroso sin que haya demostrado que ya cumplió el acuerdo que lo obliga a pagar.
Y Genaro Antonio Valerio, magistrado en materia civil en el cuarto distrito de Sonora con "múltiples denuncias por acoso laboral, hostigamiento sexual" y abuso de poder en distintos cargos en los que ha ejercido funciones.
"Se han acumulado al menos siete procedimientos de investigación en su contra por al menos ocho trabajadoras que lo acusaron de hostigamiento sexual, además de acoso sexual, represalias y otras.
"Se trata de una persona con antecedentes de hostigamiento sexual y laboral y se señaló que el pleno del Consejo de la Judicatura votó por unanimidad en suspenderlo del cargos", explicó Humphrey.
Por lo que consideró que eran inelegibles y no exigir una alta carga probatoria para las mujeres que los denuncian, en un país con alto nivel de impunidad.
Varias consejerías coincidieron en que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos que actualmente tiene un encargado de despacho, Juan Manuel Vásquez, nombrado directamente por la consejera presidenta Guadalupe Taddeí no realizó el trabajo que se rerquería para insistir en estas investigaciones.
"La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos dejó mucho qué desear, enviamos muchas observaciones que no fueron circuladas, únicamente de manera informal se dijo que todas eran procedentes pero llegamos al Consejo General con un documento que no tenía impactadas observaciones y en mi caso, se pegaron comentarios. Tenemos una amplia área de oportunidad en Asuntos Jurídicos", señaló la consejera Dania Ravel.
Sin embargo, únicamente la consejera Rita Bell López respaldó a Humphrey y con el voto de la mayoría, se les entregarán sus constancias de mayoría en los próximos días.