La vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez, y legisladores de su partido en la Cámara de Diputados condenaron las amenazas de muerte y la violencia de género de la que ha sido objeto su compañera María Teresa Ealy Díaz.
Ante estos hechos los legisladores se solidarizaron con su compañera y respaldaron el llamado urgente para garantizar su integridad física y la de su familia.
“No vamos a permitir que la violencia silencie a quienes ejercen su derecho a legislar y a alzar la voz por el bienestar del país”, señaló Jiménez.
Los integrantes del grupo parlamentario hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a todas las autoridades competentes para que, de manera inmediata, se activen las medidas de protección necesarias a favor de la diputada Ealy Díaz.
Además, reiteraron su compromiso de dar acompañamiento permanente al caso hasta que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables de estas amenazas, que representan una clara manifestación de violencia política en razón de género.
Añadió que las amenazas hacia la diputada Ealy a través de WhatsApp el lunes no sólo se dirigieron a ella, sino también a su familia, y ocurrieron después de sus posicionamientos en su trabajo legislativo, así como por sus actuaciones relacionadas con casos de violencia contra las mujeres.
“Ninguna mujer, y mucho menos una representante popular, debe ser amenazada, intimidada o violentada por ejercer su función legislativa o por denunciar actos de corrupción, violencia o impunidad. Levantar la voz no debe ser una sentencia”, insistió Jiménez Godoy.
El marco legal en México es claro dijo: “la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia protege a todas las mujeres del país y reconoce cinco tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual”.
Recordó que en 2020 se incorporó de forma específica la violencia política en razón de género, la cual se manifiesta cuando se obstaculiza, desacredita o amenaza la participación política de una mujer, en particular aquellas que ocupan cargos de elección o decisión.
A nivel internacional, instrumentos como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) refuerzan el derecho de las mujeres a participar plena y libremente en la vida política sin sufrir ningún tipo de agresión.
De acuerdo con datos del INE y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, más del 60% de las mujeres en cargos públicos han sido víctimas de violencia política, muchas con consecuencias graves para su salud emocional, su seguridad y su carrera.
La diputada Jiménez Godoy reiteró que es fundamental garantizar la libertad de expresión de todos los diputados y diputadas federales, así como promover condiciones reales de equidad de género dentro y fuera del Congreso.
“La violencia política contra las mujeres no puede ni debe normalizarse en ninguna instancia del poder”.
EHR