La lucha sorda entre el crecimiento urbano y la conservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad —especialmente el de tipo religioso en el centro histórico—, podría estar gestando un perjuicio que, de resultar verídico, sería simplemente catastrófico en muchos órdenes. Se dirá que no es un tema del todo nuevo y es que, por ejemplo, en los ochentas se llegó a hablar mucho de la construcción del túnel vehicular del llamado “par vial” por la avenida Hidalgo, bajo la amenaza de afectar el costado norte de Catedral.
Ahora, con la construcción de la línea 3 del tren eléctrico, dichos temores alcanzan mucho mayor magnitud ya que la dramática intervención de la avenida Alcalde bajo la cual se efectúa la perforación del túnel en cuya dirección se encuentran nada menos que cinco templos importantes, todos ellos con gran valor y edificados entre el siglo XVI y el siglo XIX. De ahí que los pronunciamientos en torno a la presencia de daños ya observables, inquiete tanto y tan profundamente a técnicos y especialistas, independientemente del tratamiento político que se le esté dando a la situación.
En días pasados se dio incluso un enfrentamiento de opiniones entre el gobernador Aristóteles Sandoval y el cardenal emérito Juan Sandoval, quien de vez en vez sale de su aparente silencio y respeto a su sucesor, para continuar siendo objeto de atención pública. Claro que las posturas son antagónicas ya que el prelado señaló, incluso con desplegados flamígeros, los daños que están ocasionando las obras mientras que el mandatario defiende a ultranza la posición oficial y hasta acusa a su homólogo de apellido a que “él no es ingeniero” y que de esas cosas se entiende con la autoridad eclesial en funciones, o sea la del cardenal Francisco Robles. De hecho, también el gobierno estatal ya había considerado como “falso” el planteamiento del Ayuntamiento tapatío en el sentido de que al menos unas veinte fincas ya registraban daños por la perforación. Ahora se sabe que las fincas afectadas pueden ser tres o cuatro veces más.
Pero veamos un ejemplo muy claro y peligroso, el del templo de San Francisco. Los responsables al cuidado del inmueble, desde luego franciscanos, se encuentran muy preocupados y todo indica que tienen sobrada razón para ello. Opiniones de reconocidos técnicos y especialistas independientes revelan que es un hecho consumado la existencia de grietas longitudinales y transversales, mismas que “cortan” el cuerpo de la nave abarcando muros y cúpulas, quedando las fracciones sin conexión entre ellas. Y eso que no ha pasado por ahí la tuneladora, los daños son causados por los “trabajos previos” realizados para “proteger” el edificio ante el inminente paso de “la tapatía”, consistente en una inyección de lechada a siete metros de profundidad, esta no fragua de inmediato y el tiempo que tarda en hacerlo genera inestabilidad. A consecuencia hay asentamientos diferenciales y grietas. El edificio así como esta, partido, no tiene resistencia ante sismos, en otras palabras de improvisto se puede colapsar, cosa que obliga a pensar ya en una reparación a fondo puesto que los daños que se han hecho presentes naturalmente no fueron previstos. Luego, faltará ver si la perforación y las vibraciones a que se sujetará la zona, no terminan por causar efectos mayores ya que, hay que tenerlo presente, San Francisco data de 1580.
Lo cierto es que quizá no sean los únicos casos ya que también habría que analizar el Santuario de Guadalupe (1781), San José de Gracia (siglo XIX), Aranzazú (1752) y la misma Catedral cuya construcción fue ordenada por Felipe II y culminada en una primera etapa en 1716. A estos edificios les han dañado también varios terremotos, como el más reciente en 2003.
Ahora bien, lo más grave es que todo hace pensar en que ahora sí que la transparencia prometida ha brillado por su ausencia. Recordemos que el propio Gobernador, al inicio de los trabajos en 2014, prometió con sus palabras que la línea 3 “estará en el portal de transparencia todo los proyectos, cuánto va a costar, qué calidad” y que se instalarían módulos para mostrar la proyección de las obras y para entregar toda la información que requieran los ciudadanos. A esta “oferta” de gran transparencia se sumó entonces el mismísimo titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.
En un principio efectivamente se integraron mesas de trabajo a las que se invitó a colegios, cámaras y asociaciones para “consultar” opiniones, definir entornos urbanos y puntos de vista técnicos, todo pintaba muy bien. Sin embargo, estas mesas y las intenciones prometidas se han ido desvaneciendo hasta desaparecer, por la opacidad y negligencia mostrada de las autoridades, en tanto que las dudas crecen y crecen. Ahora ni siquiera las autoridades involucradas, especialmente las estatales y las federales, parecen ponerse de acuerdo. O más bien habría que pensar en que la Línea 3 —indudablemente vital para la movilidad de los tapatíos—, está siendo más cuidada como factor político, de poder y de quién lleva el control de contratos, que como una obra con posibles daños colaterales e irreversibles.
Sabemos que esta obra representa mucho para el régimen nacional y también para el estatal, pero, más allá de que se esté pensando en poner en servicio la Línea 3 con posibles beneficios electorales, lo importante es que se tomen en serio los daños reales —y no sólo estéticos como dice el Gobernador—, para que se corrijan los posibles errores y fallas impensadas y que, ante todo, se hable y respete la verdad como un derecho inalienable de los ciudadanos.
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