Ex policía federal trabajaba para los Beltrán Leyva desde 2009

De acuerdo con un testimonio, incluido en la acusación, Iván Reyes Arzate se reunía cada mes con Arturo Beltrán Leyva; él reconoció los encuentros con el capo pero negó haberle dado información.

Arturo Beltrán Leyva, 'El Jefe de jefes', murió en diciembre de 2009 durante un operativo de la Marina.
Editorial Milenio
Ciudad de México /

Iván Reyes Arzate, el ex policía federal que se entregó a las autoridades estadunidenses en Chicago, trabajaba para el cártel de los Beltrán Leyva al menos desde 2009, según la acusación revelada este miércoles por una corte del distrito de Illinois.

Según la acusación Reyes Arzate mantuvo encuentros directos con Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel, quien murió durante un enfrentamiento en Cuernavaca con fuerzas federales en diciembre de ese año.

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La acusación estadunidense detalla que Reyes Arzate lideró durante varios años una unidad de investigaciones especiales de la Policía Federal y, como jefe de la misma, era "el principal enlace de información" tanto con la DEA como con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según un ex policía federal que pidió el anonimato porque ya no forma parte de ese cuerpo, Reyes Arzate estaba en tercer nivel de mano de dicha corporación.

Era un funcionario con acceso a información confidencial y delicada de la lucha contra el crimen organizado que supervisó operaciones que conllevaron numerosas detenciones, "incluidas las de múltiples miembros del cártel de Sinaloa acusados en este distrito", dice la acusación sin especificar.

Sin embargo, al mismo tiempo, facilitaba información a los Beltrán Leyva a cambio de pagos regulares que sumaron millones de dólares y conspiraba para "obstruir, influir e impedir" cualquier investigación que les afectara.

"Saben que estás ahí y quieren ver con quién andas. No hables", advertía el ex policía a los capos, a quienes incluso proporcionó fotos de las investigaciones en marcha y les pedía deshacerse de los teléfonos interceptados.

"Ayer llegó un audio y dijeron que estaban en el segundo nivel. No andes con nadie en público los próximos días", eran el tipo de datos y consejos que daba, según la transcripción de sus conversaciones incluidas en la acusación y que empezaron a ser rastreadas en septiembre de 2016.

Reyes Arzate reconoció haberse reunido con un capo, pero negó haberle dado información.

Más allá del espionaje telefónico al funcionario, la acusación ofrece el testimonio de una fuente anónima que explica cómo el ex policía mantenía reuniones "mensuales" con Arturo Beltrán Leyva, en las que también estaban "funcionarios de alto rango del gobierno mexicano y agentes de seguridad" y en las que todos recibían "millones de dólares" para garantizar su lealtad y que protegieran los intereses del cártel.

En concreto, se menciona una cita de 2009 en la que Beltrán informa a los funcionarios de su preocupación porque creía que su organización estaba infiltrada por un colombiano que trabajaba como informante de la DEA y que había facilitado el aseguramiento de cargamentos de toneladas de cocaína.

Según esa misma fuente de la acusación, Reyes Arzate reveló al capo la identidad de dicha persona por lo que Arturo Beltrán, delante del ex policía, ordenó secuestrar, torturar y matar al informante. Posteriormente, pagó a los tres funcionarios presentes tres millones de dólares.

Las unidades especiales, llamadas SIU, por sus siglas en inglés (Sensitive Investigative Unit) surgieron en los años 90 para tener grupos de plena confianza con los que Estados Unidos pudiera intercambiar la información más delicada.

Por ese motivo, sus mandos eran entrenados e investigados previamente por los estadunidenses quienes, además, se encargaban de los controles de confianza y los exámenes del polígrafo. No obstante, según la acusación, "algunos comandantes senior" de esas unidades quedaron exentos de tales pruebas.

Según explicó Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, a The Associated Press, uno de los problemas de las unidades especiales como la que lideraba Reyes Arzate era precisamente que sus mandos se negaban a pasar los controles de confianza aunque los agentes de más bajo nivel sí eran sometidos a ellos, con lo que la información "podía quedar fácilmente comprometida".

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Vigil cree que muchos de esos mandos "son corruptos" o "tienen serios problemas de integridad" y que por eso no quieren someterse a los controles que, si se hicieran a todos, conllevarían tener en marcha un programa muy eficaz.

El caso suscita muchas interrogantes sobre cómo una infiltración de este tipo pudo persistir durante tanto tiempo y no ser detectada, pero no es el único escándalo de corrupción de alto nivel que se ha descubierto recientemente entre las autoridades mexicanas.

Hace una semana, el fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, un funcionario estatal con acceso a las principales plataformas de información mexicanas, fue arrestado en Estados Unidos por conspiración para traficar con cocaína, heroína y metanfetaminas desde enero de 2013 hasta el pasado mes de febrero.

"Aquí hay un patrón", dijo a AP el analista de seguridad Alejandro Hope. "En ambos casos, las capturas se han hecho sin la participación de las autoridades mexicanas, eso es lo que me llama un poco la atención".

Tanto el proceso de Reyes Arzate como el de Veytia podrían contribuir a incrementar las ya existentes tensiones por otros temas entre México y Estados Unidos.

De ahí que se lamenten quienes intentaron afianzar la colaboración entre los dos países en temas de crimen organizado. "Esto daña la relación de trabajo que tanto nos ha costado construir", señaló Vigil.


nerc

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