En México, una de cada cinco mujeres, así como uno de cada 13 hombres han declarado haber sufrido abusos sexuales entre los cero y 17 años, aseguró la coordinadora de la Línea de Investigación Institucional Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Elisa Ortega Velázquez.
Además, en la primera infancia, tres de cada cuatro niños, cuyas edades oscilan en los dos a cuatro años, sufren castigos corporales o violencia psicológica con regularidad por sus padres, cuidadores o tutores.
“Estos altos grados de violencia nos demuestran que la niñez y las juventudes son poblaciones en condiciones de gran vulnerabilidad, porque por la edad las personas adultas creen que pueden disponer de ellos como si fueran cosas”, dijo Ortega Velázquez.
Por el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, cada 25 de abril, la especialista universitaria explicó que de acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño se considera violencia los golpes físicos, daño psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia en el cuidado y explotación comercial que pongan en peligro su salud, desarrollo o dignidad y supervivencia.
El adultocentrismo es uno de sus detonantes del maltrato. Significa que los adultos gozan de privilegios por el solo hecho de serlo, porque la sociedad y la cultura así lo han definido. Y se normaliza pensar que un niño es inferior a un adulto, que es un ser incompleto e incapaz de pensar, sentir y tomar decisiones, y que su fragilidad, debilidad y vulnerabilidad, al igual que del joven, se asocian al orden natural.
Los niños y adolescentes, como sujetos de derecho, tienen que contar con todas las medidas de protección.
Sin embargo, la mirada adultocéntrica que se sostiene con las instituciones sociales como la familia, escuela, Iglesia, Estado, construyen sociedades de este tipo, en las que la mayor parte del poder se concentra entre los adultos y los menores son
como objetos de representación, de protección, por lo que están sujetos a que otros le garanticen sus derechos.
“Así es como se conecta el adultocentrismo con el maltrato infantil: se ha trazado una grieta intergeneracional entre niños, niñas y adolescentes y los adultos, con base en el poder. El adultocentrismo indica que hay distintas relaciones de poder entre los diferentes grupos de edad, que son asimétricas y, obviamente, a favor de las personas adultas; es decir, implica que se ubican en una posición de superioridad”, añadió la doctora en Derecho.
La edad, como factor de vulnerabilidad, cruza con otros más como el género: las niñas son más propensas a sufrir abuso sexual y ser víctimas de delitos como la trata sexual. Las juventudes de la diversidad sexual, por ejemplo, padecen ostracismo, crímenes de odio por su preferencia sexual e identidad de género.
La también coordinadora del Seminario Estudios Críticos del Derecho y Migraciones explica que las consecuencias del maltrato infantil pueden ser diversas y durar toda la vida. Por ejemplo, los más pequeños pueden adolecer traumatismos cráneoencefálicos o adquirir alguna discapacidad. Asimismo, hay consecuencias que se pueden arrastrar a otras etapas de su vida, como estrés postraumático, ansiedad, depresión, problemas con consumo de alcohol, tabaco, así como enfermedades de transmisión sexual, entre otras.
Discrepancia entre ley y realidad
México cuenta con la normatividad para atender el fenómeno, pero hay problemas para aterrizarla a la realidad, en políticas públicas a favor de la niñez y las juventudes, sostiene la especialista.
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes —vigente a partir de 2014— está armonizada con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado internacional de derechos humanos más importante en la materia y que rompe con el paradigma adultocéntrico que ha regido históricamente el tratamiento de la niñez.
“Ya no se considera a los niños como objetos de cuidado y protección, sino como sujetos de derechos que requieren medidas extras de protección por parte del Estado y de las instituciones sociales para poder ejercer sus derechos humanos. Esa es la gran diferencia entre el paradigma adultocéntrico y el de derechos humanos de la niñez”, subraya la investigadora.
Dicha Ley también parte de este enfoque y establece una protección reforzada para quienes se encuentran en alguna situación extra de vulnerabilidad, por ejemplo, en razón de la condición de movilidad, presentar alguna discapacidad o ser integrantes de pueblos originarios, entre otros.
“En México se necesitan políticas públicas en favor de la niñez que puedan realizarse y hacerse efectivas a través de su asignación correspondiente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, porque sin los recursos suficientes para hacer realidad estos derechos la protección de la niñez se queda solamente a nivel discursivo y demagógico”, comentó la experta universitaria.
Y lamentó que no exista el presupuesto suficiente para atender de manera cabal e integral a la niñez y los problemas que la afectan, y cuestiona que no sean prioridad en las políticas públicas y los presupuestos. “Tal vez porque no votan”, señaló.
Los derechos de niñas, niños y adolescentes se hacen realidad, en buena medida, a través de las instituciones. Por ello son necesarios programas como el de las estancias infantiles, aquellos que apoyan escuelas de horario extendido o tiempo completo en las que permanecen seguros mientras sus madres trabajan.
La también integrante del Sistema Nacional de Investigadores puntualizó que se requieren recursos para construir los Centros de Asistencia Social, donde se aloja a niños en contextos de movilidad sin cuidado parental mientras transcurre su procedimiento administrativo migratorio.
LP