El caso de Andrés, un joven de 24 años diagnosticado con esquizofrenia y quien presuntamente agredió a su madre el pasado fin de semana en la colonia Aviación San Ignacio, en el norte de Torreón, Coahuila, exhibió nuevamente una problemática que durante años ha permanecido invisibilizada en La Laguna: la falta de un centro especializado para el internamiento y atención integral de pacientes psiquiátricos en crisis.
Lo ocurrido el domingo 24 de mayo no fue un episodio aislado. Vecinos aseguran que desde hace años el joven ha protagonizado situaciones de violencia, daños materiales severos y amenazas, mientras su madre intenta sola contener una enfermedad mental que, afirma, ya rebasó cualquier posibilidad de control doméstico.
El caso
La tarde del domingo, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle Estrella del Norte, luego de que una mujer de 55 años solicitara ayuda tras ser agredida por su hijo.
El joven comenzó a insultarla y posteriormente la empujó contra un sillón, además de golpearla en el brazo derecho con el puño cerrado. La mujer logró salir de la vivienda y refugiarse con una vecina, desde donde pidió auxilio.
Los agentes procedieron con la detención de Andrés “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.
Una “bomba de tiempo”
Sin embargo, detrás del reporte policiaco existe una historia que vecinos y familiares describen como una 'bomba de tiempo' que por años no ha recibido atención suficiente.
Alejandro, habitante de esta colonia cercana al Aeropuerto Internacional de Torreón, aseguró que los episodios violentos no son recientes y que tanto policías municipales como elementos de la Unidad Especializada ya conocen plenamente a Andrés.
“Desde hace muchísimos años hemos hecho llamados porque tiene brotes psicóticos y empieza a hacer destrozos. Ha amenazado gente, ha golpeado personas, ha dañado casas y vehículos. Nosotros somos de los vecinos más afectados”, relató.
El vecino explicó que Andrés aparentemente fue diagnosticado con esquizofrenia desde hace tiempo, aunque señaló que probablemente existen momentos en que deja de tomar su medicación y su comportamiento cambia drásticamente.
“Él se empieza a poner mal, se altera, recuerda cosas del pasado y empieza a actuar agresivo. Ya todos en la colonia lo conocen. Hay miedo de que un día pase algo más grave”.
De acuerdo con su testimonio, la situación ha escalado de forma constante y la comunidad vive entre la incertidumbre y el temor de una tragedia mayor.
Un grito desesperado
Ante esta situación, la voz más desesperada es la de su madre, Mónica Galarza, quien asegura haber agotado prácticamente todas las opciones posibles para conseguir ayuda especializada.
Hay ocasiones, como el domingo pasado, en que se queda sentada afuera de su casa sin poder ingresar por temor a ser nuevamente atacada. Relató que desde hace años enfrenta sola la enfermedad de su hijo, mientras las instituciones únicamente reaccionan cuando ocurre una agresión.
“Mi hijo es un paciente psiquiátrico y ya no puedo controlarlo. Yo trabajo, salgo desde las cinco y media de la mañana y aun así estoy al pendiente de él. Pero ya es un peligro para mí y para toda la colonia”, declaró.
Mónica explicó que Andrés mide cerca de 1.90 metros y pesa alrededor de 180 kilos, situación que hace imposible contenerlo físicamente cuando entra en crisis.
Además, comentó que anteriormente podía administrar personalmente sus medicamentos, pero actualmente el joven ya no le permite supervisar el tratamiento.
“Ya no me hace caso. Él toma las pastillas cuando quiere y como quiere. Antes yo tenía el control, pero ahora no”.
La mujer afirmó que ha buscado ayuda en diversas instituciones médicas, incluyendo hospitales psiquiátricos en Saltillo, aunque asegura que los procesos son insuficientes y terminan devolviendo rápidamente a los pacientes a sus hogares sin un seguimiento adecuado.
“Lo llevé a Saltillo y a los cuatro días ya me decían que estaba bien y que lo iban a dar de alta. Después me hablaron y me dijeron que me lo entregaban porque había desorden allá. Me lo regresaron antes de cumplir un mes”.
La experiencia, asegura, dejó en evidencia las limitaciones del sistema de salud mental, especialmente para familias sin recursos económicos.
“Necesitamos un centro psiquiátrico aquí en Torreón y que sea gratuito, porque nosotros no tenemos dinero para pagar uno privado”, expresó.
Una enfermedad que empeora
Mónica advirtió que incluso trasladarlo representa un problema, ya que las instituciones le advierten que no pueden llevarlo sedado ni sujetado, y que si el paciente rechaza el tratamiento debe regresar nuevamente a casa.
“¿Entonces cómo le hacemos? Si no quiere entrar, me lo regresan agresivo y yo me quedo sola con él otra vez”.
La situación no sólo ha generado daños emocionales y físicos, sino también económicos. Vecinos reportan afectaciones constantes a vehículos y propiedades, mientras la madre asegura no tener recursos para cubrir los daños.
“Ahorita dañó otro carro y no tengo cómo pagarlo. Yo gano mil 100 pesos a la semana. Ya no sé qué hacer”.
En la colonia, el caso ha generado un debate complejo entre la empatía hacia una persona con enfermedad mental y el miedo real por la seguridad de las familias.
Vecinos reconocen la condición psiquiátrica de Andrés, pero también aseguran sentirse abandonados por las autoridades.
“Sabemos que está enfermo, pero también sabemos que un día puede pasar algo peor. Aquí ya todos vivimos con miedo”, señaló uno de los habitantes del sector.
Especialistas en salud mental han advertido que La Laguna enfrenta un déficit importante en infraestructura psiquiátrica pública, especialmente para pacientes que requieren internamiento temporal o permanente.
En casos como el de Andrés, la respuesta institucional suele quedar atrapada entre protocolos policiales, limitaciones médicas y vacíos legales que dejan toda la carga sobre los familiares.
El tiempo pasa y su madre asegura vivir con miedo permanente de convertirse en una víctima más de la enfermedad de su propio hijo.
“¿Qué esperan? ¿Qué me mate? ¿O que mate a otra persona?”, cuestionó entre lágrimas.
Mientras tanto, el caso abrió nuevamente el debate sobre la urgente necesidad de fortalecer la atención psiquiátrica pública en la región, crear centros especializados accesibles y garantizar acompañamiento integral para pacientes y familias que hoy enfrentan solos una problemática que rebasa cualquier capacidad individual.
Porque detrás de cada llamada al 911, cada patrulla y cada reporte de violencia, existe también una crisis silenciosa de salud mental que en La Laguna continúa sin tener un lugar adecuado para ser atendida.
icrm