De acuerdo con evidencia presentada por organismos internacionales, la criminalización del consumo de drogas sigue profundizando crisis sanitarias y sociales a nivel global, al incrementar los riesgos de infección por VIH y limitar el acceso a servicios de salud.
Un documento del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), subraya que las políticas punitivas han demostrado ser ineficaces frente a enfoques centrados en salud pública y derechos humanos.
¿Adicciones aumentan riesgo de contraer VIH?
De acuerdo con datos de dicho documento, la prevalencia de VIH entre personas que se inyectan drogas es diez veces mayor que el promedio mundial, puesto que el riesgo de adquirir el virus puede ser hasta 34 veces superior en esta población.
Dicho informe identifica particularmente el uso de heroína como uno de los principales vectores históricos de transmisión del virus, en contextos de consumo inyectable.
En regiones como Europa del Este y Asia Central, el consumo de drogas inyectables, principalmente opioides, representó el 25% de nuevas infecciones en 2024.
Además, el análisis advierte que el uso inseguro de este tipo de sustancias conlleva riesgo de contraer VIH y otras enfermedades transmitidas por la sangre.
“El impacto del VIH en personas usuarias de drogas ha sido evidente desde el inicio de la epidemia”, se lee en el informe.
De igual forma, los primeros estudios en Estados Unidos ya vinculaban el virus con grupos de consumidores de heroína.
Marginación social limita tratamientos
Asimismo, el documento señala que el VIH y el consumo de drogas están “profundamente entrelazados”, no solo por prácticas como el intercambio de jeringas, sino también por factores estructurales como la marginación y el estigma.
Las poblaciones clave, incluida la comunidad LGBTQ+, enfrentan vulnerabilidades acumuladas, puesto que el incremento en la exclusión social limita el acceso a pruebas de VIH, tratamientos antirretrovirales y programas de prevención.
“Los sistemas de justicia penal a menudo están sesgados contra ciertos grupos raciales, mujeres y personas LGBTQ+, lo que agrava su exposición a riesgos sanitarios y sociales”, advierte el informe.
Ante este contexto, el documento sostiene que la despenalización del consumo y la posesión puede generar beneficios si se acompaña de políticas sanitarias adecuadas.
“Los enfoques menos punitivos hacia el consumo y la posesión de drogas pueden incentivar a las personas a acudir a servicios de salud como pruebas, prevención y tratamiento del VIH”, indica el documento.
Como ejemplo de esto último, cita a Portugal, donde, tras la despenalización en 2001, los nuevos casos de VIH asociados al uso de drogas cayeron de 973 en 2004 a 24 en 2023; no obstante, advierte que la despenalización por sí sola no garantiza resultados.
Mientras que en materia de reducción de daños, los datos muestran brechas estructurales, pues aunque más de 112 países cuentan con políticas en este ámbito, solo 93 disponen de programas de intercambio de jeringas, 95 ofrecen terapias con agonistas opioides y apenas 19 tienen instalaciones de consumo supervisado.
“La prolongada guerra contra las drogas ha fracasado, pues la evidencia respalda políticas centradas en salud pública y derechos humanos”, afirma el informe.
Asimismo, se advierte que la criminalización expone a las personas usuarias a sistemas penitenciarios con riesgos adicionales, pues “la encarcelación puede implicar riesgos asociados al VIH y, paradójicamente, al consumo de sustancias”.
Entre las acciones recomendadas, los organismos plantean la despenalización del consumo y la posesión, así como el fortalecimiento de servicios de salud, la ampliación de programas de reducción de daños y el financiamiento de estrategias comunitarias con énfasis en poblaciones clave.
A nivel global, 152 países mantienen la criminalización del consumo de drogas, lo que, según el análisis, refuerza los daños en salud pública y perpetúa desigualdades.
AG