Rodolfo Aguilar de la Rosa, presidente del comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán, fue asesinado de ocho balazos en el cruce de prolongación la Calma y Anillo Periférico, el 6 de noviembre de 2017. No es el primer miembro de esta comunidad que muere de forma violenta, pues el ejido ha sido teatro de operaciones de delincuencia organizada o desorganizada relacionada con la venta ilegal de terrenos, al menos desde 1976.
Pero fue el primer presidente ejidal, desde que se cercenó mediante un juicio de amparo el bosque de Las Lomas del polígono de protección de La Primavera por iniciativa de otras administraciones del órgano de representación ejidal, hace ya diez años, que denunció las graves consecuencias de esa decisión: la invasión de la sierra, con deforestación, contaminación, vertidos de escombro en barrancas y manejo incontrolado de fuego, como el que ocasionó el mayor incendio forestal de esta década en La Primavera, en abril de 2012, sobre casi ocho mil hectáreas.
“Rodolfo nos había manifestado su preocupación por lo que pasaba, el descontrol de las invasiones, la tibieza de la autoridad municipal, estatal y federal para hacerle frente, ya que por el contrario, mientras Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] simplemente ignora los cambios de uso de suelo forestales que se dan ilegalmente, el Ayuntamiento de Zapopan lleva cisternas con agua, permite el cableado de luz y empareja calles para los vecinos; también nos dijo que estaba muy amenazado por denunciarlo”, señaló a MILENIO JALISCO un funcionario público que pide no ser identificado.
De hecho, son escasos los procesos de intervención con fuerza pública en la zona. Zapopan realizó inspecciones a raíz de una manifestación de ejidatarios en la presidencia municipal, a finales de mayo pasado, y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente ha hecho clausuras de tiraderos de escombro, pero es “cuento de nunca acabar”. En cuanto se retiran patrullas regresan los camiones con su carga. Y acudir desprotegido es riesgoso, pues las decenas de familias que allí habitan se defienden con lo que haga falta, e intimidan a los funcionarios.
El tesorero del comisariado en funciones, Reynaldo Ramírez Olivarez, aseguró ayer a este diario que no hay ninguna noticia sobre las causas reales del homicidio. La familia de Rodolfo poco ha sido informada de las pesquisas de la fiscalía. Pero el grupo disidente, que encabeza desde hace décadas Tranquilino Flores Aguilar, un viejo usuario del potrero de Las Lomas que se ha constituido en defensor legal de esas tierras montosas, tiene una versión mucho más rica en detalles de este proceso.
Lo dice Benjamín Rivera Rodríguez, integrante de ese grupo: “ustedes deben saber que hay un conflicto adentro del ejido, con un grupo de personas que se ostenta como comisariados ejidales, que ni siquiera reúnen los requisitos para serlo; ellos están dentro de la casa ejidal y maniobran para que el bosque sea invadido, y las autoridades también han sido omisas para defender el bosque, y han permitido que se siga fraccionando”, subraya.
- ¿Quién está haciendo negocio con estas ventas de tierras?
- El ayuntamiento y las inmobiliarias.
- Pero lo que se ve no parece de inmobiliarios, es más espontáneo, más irregular.
- El ayuntamiento con tal de acaparar una cantidad de dinero, sin dar permisos, lógico, solo verbales, se compromete a no clausurar, no demoler; en este caso sé que es una asociación civil llamada Ejido López Mateos, contratan a un grupo de personas, les dan la orden, se meten a los predios, y posteriormente van edificando como ellos pueden, con lonas, cartones, con lo que encuentre por ahí […] al estar involucrado el ayuntamiento de Zapopan , no hay autoridad competente para recibir una denuncia penal, o que la Procuraduría Agraria sea defensora de los ejidatarios; son como dos o tres asociaciones que se dicen ser del Ejido López Mateos, y han invadido predios hasta de la zona de Paseos del Sol, que está totalmente adentro de la ciudad y fue parte del ejido; van buscando terrenos vacantes. Son difíciles de localizar. Pero también hay compradores que llegan de fuera con el comisariado y con ellos acuerdan ventas. Pasan varias cosas, no es un solo proceso.
Según Rivera Rodríguez, ninguna autoridad procesa las denuncias penales, y los juzgados de distrito son lentos en resolver. A su juicio, se le puede dar calificativo de mafia a los que se benefician, porque es un grupo compacto cercano al comisariado, y porque tiene la complicidad de las instituciones públicas. Las pruebas las ve claras: durante más de un decenio de denuncias, nadie ha sido removido por fuerza pública, aunque si hay casos de particulares que se desplazan en la disputa por algún lote revendido dos o tres veces. “En 2009, cada lote costaba 30 mil pesos, ahora los dan a 45 mil o 50 mil, en abonos”, subraya. Las mayores víctimas son las mismas personas que adquieren porque no tienen posibilidades de un terreno barato en espacios urbanos adecuados.
- ¿Cómo se explican que el comisariado, al menos desde Rodolfo Aguilar, cambió su postura y encabeza las denuncias contra la invasión del bosque?
- El cambio se debe a que les salió brava la perra, y les han invadido también sus predios; ya no es nada más a los ejidatarios normales que somos afectados, sino que predios que se asignaron en el reparto, de forma ilegal, ya también son invadidos.
- ¿Ustedes creen que la muerte de Rodolfo Aguilar tuvo que ver con este problema del tráfico de tierras?
- Definitivamente sí. En agosto de 2017 se llevó a cabo una repartición de títulos, de parte del gobierno federal, estatal y municipal; hicieron una reunión en la plaza para la ceremonia, y yo escuché que le habían dado al comisariado más de 50 millones de pesos, así que además del tema de las invasiones, está el tema del dinero que entrega el gobierno. Alguien lo reclamó.
El comisariado reconocido por las instancias oficiales, e impugnado por los disidentes, es encabezado por Bernabé Sánchez Lazo, con Martiniano Aguilar Rodríguez como secretario y Reynaldo Ramírez en el cargo de tesorero. Ellos no profundizan en nombres de quienes se benefician con la venta ilegal de lotes, pero coinciden con sus opositores en denunciar a Zapopan y al gobierno federal.
“Oficialmente no hay ningún avance, porque no se ha notificado nada […] fueron a la zona e hicieron el levantamiento de unos camiones, y nosotros les hicimos un escrito para que les hicieran un reporte, obviamente un escrito para saber cuál había sido su papel dentro de las inspecciones, pero no nos han contestado todavía. No notamos ningún cambio desde que nos manifestamos en Zapopan para exigir su intervención”, aseguró Martiniano.
“Lo que que sigue sin parar son los tiraderos de basura, el tiradero de escombro y relleno de arroyos; cuando se hizo el levantamiento ya, posteriormente mandaron a los inspectores, y le pararon un tiempo, pero ahora lo hacen hasta por la noche. La gente vive en zonas de riesgo porque esos arroyos son rellenados, y parece que no le importa a la autoridad”, agregó.
- ¿Ustedes ya saben quiénes se dedican a este negocio ilegal?
- No es tan fácil, a veces es un persona luego otra, no tenemos identificadas bien a las personas responsables.
Estiman en medio centenar el número de viviendas invasoras del bosque. “Metieron tuberías, metieron cables para traer el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, tienen lámparas en las calles; luego el ayuntamiento les manda agua, en depósitos, así no hay manera de detener esto”, insistió Martiniano.
La invasión del bosque en Santa Ana es de alrededor de 30 hectáreas, según los análisis de imágenes más recientes, del año pasado. En una nota informativa entregada a MILENIO JALISCO, ayer, el ayuntamiento aseguró que hace lo que le toca: “El gobierno municipal de Zapopan es la única autoridad que mantiene una presencia constante en la zona para inhibir cualquier acción tendiente a modificar el uso de suelo forestal y mantiene también comunicación constante con las dependencias del gobierno federal y estatal que en el ámbito de sus atribuciones deben también intervenir en este complejo problema”.
Claves
El operativo de Zapopan
A través de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, la dirección de Inspección y Vigilancia, la Comisaria General de Seguridad Pública y la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, “se mantiene un operativo conjunto con la finalidad de sanear, limpiar y disminuir la probabilidad de ocurrencia de emergencia o desastre en zona del ejido Santa Ana Tepetitlán”, así como en las colonias Lomas de la Primavera, La Floresta, El Colli, El Rehilete y 12 de diciembre
Se trata “de un operativo permanente en el que participan cerca de 100 servidores públicos del Ayuntamiento de Zapopan con maquinaria, equipo de transporte de basura y residuos varios, además de unidades para vigilancia y seguridad”
El pasado 29 de mayo “fueron detenidos y puestos a disposición de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), 6 camiones de volteo con residuos de manejo especial (escombro), siendo esta la Autoridad competente en la materia, quienes además de iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, aseguraron de manera precautoria los vehículos”
El pasado 8 de junio “se clausuraron tres predios ubicados en las siguientes coordenadas 20.647470 Norte y 103.481132 Oeste, 20.3857 Norte y 103.2845 Oeste, y 20.647145 Norte y 103.477889 Oeste, conforme a las actas de inspección 28608, 28618 y 28606, respectivamente”
Además, “en los planes parciales de desarrollo, tanto los vigentes como la propuesta sometida a consulta, el área que corresponde al decreto original de ANP en el Ejido Santa Ana Tepetitlán, se mantiene catalogada como área no urbanizable”
Fuente: Ayuntamiento de Zapopan, ficha informativa
San Juan de Ocotán, no…por ahora
Un ejemplo de cómo pueden ser distintas las historias, es la comunidad indígena de San Juan de Ocotán, que también posee espacios de bosque en La Primavera, y cambió de comunidad a ejido (Lázaro Cárdenas) para poder regularizar ventas de tierra que se habían dado durante las últimas dos décadas.La conversión a ejido se dio en 2006, y desde entonces, algunos empresarios le han querido encontrar una “veta de negocio” a comprar tierras en el bosque. De ese modo, un prominente joyero de origen sonorense comenzó a adquirir parcelas en la zona de Las Mesas, que es una pequeña meseta que tiene uso agrícola. Pero se topó con que la zona de bosque es de uso común, no puede ser aparcelada, no se puede enajenar y no puede ser eje de ningún negocio, como lo señala la Ley Agraria vigente. La diferencia es que San Juan no atacó el decreto de protección del bosque. Aunque hay versiones de que los nuevos adquirientes de tierras tratarán de hacer valer sus “derechos de propiedad”, regulados por el decreto presidencial de 1980.
SRN