Jalisco sufre de rezago en temas de medio ambiente ante el incumplimiento de la ley lo que da como resultado falta de acciones concretas por parte de los gobiernos que garantice la protección de los recursos naturales como los ríos, bosques, mares, aseguró la directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.
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“A pesar de tener leyes o un esquema completo en la aplicación estamos muy rezagados. Nuestras instituciones no están funcionando y es así que los conflictos siguen aumentando. No es posible que tengamos el problema de la presa El Zapotillo, que tengamos el problema de un mal manejo que hoy en día sigamos incidiendo con el río Santiago”, señaló.
Ejemplo de ello es el río Santiago, el cuerpo de agua más contaminado de México por los desechos de las industrias que desembocan sin ser tratadas y que no reciben sanciones por hacerlo.
A pesar de la intervención de la comisión de los derechos humanos a nivel estatal, federal e incluso internacional, como la Corte Interamericana (CIDH) quien emitió el 7 de febrero de 2020 medidas cautelares para el Gobierno de Jalisco donde pide atender la contaminación del río y las afectaciones en la salud que ha provocado en las comunidades de los municipios de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, no se puede hablar de un avance significativo, puntualizó Gutiérrez Nájera.
“Ahorita no podemos hablar de porcentaje, desgraciadamente esperemos que a principios de mayo podamos hablar de un planteamiento y un plan”, puntualizó.
Raquel Gutiérrez cuestionó la efectividad de las secretarías e instituciones que atienden los problemas ambientales, como es el caso de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco (Semadet) que desde hace más de una década no ha ampliado su capacidad para monitorear la calidad del aire en los municipios del interior del estado como Ocotlán, Poncitlán y Jamay.
También cuestionó el compromiso de los servidores públicos debido a que son los presidentes y síndicos municipales quienes otorgan las licencias para los desarrollos que se construyen de manera ilegal y con impactos severos al medio ambiente.
La defensa del territorio y de los recursos naturales siempre ha sido de los colectivos y los ciudadanos, situación que urge cambiar, añadió Gutiérrez Nájera.
SRN