La Asociación Interamericana del Medio Ambiente y el Reciclaje informó que impulsará la fabricación y reciclaje de convertidores catalíticos, los cuales se instalan en el escape de los automóviles para reducir las emisiones contaminantes de este medio de transporte.
En conferencia de prensa, representantes y expertos puntualizaron que es necesario derogar el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que les impide llevar a cabo el proceso de reciclaje en México.
Advirtieron que el no realizar este proceso en el país genera una pérdida económica anual de 114 millones de pesos, así como la posible generación de entre 5 y 8 mil empleos directos.
Actualmente, en México tienen que reciclar más de 15 millones de convertidores catalíticos, y un total de 5 millones pertenecen a la zona metropolitana.
"¿Por qué tenemos que importarlos? Hay que hacerlos aquí para poder impulsar fuentes de trabajo en el país y en la capital", resaltó Joaquín Vela, vocero de la AIMAR.
Puntualizaron que hay 11 investigaciones , cuatro de universidades públicas y privadas (TEC de Monterrey, UNAM, Universidad de Nuevo León), así como siete institutos, que han demostrado que los convertidores catalíticos no son un riesgo sanitario ni un peligro para su manejo como residuo industrial en el país.
Estos catalizadores con nanotecnología incluye 5 metales (platino, radio y paladio) preciosos comparados, en valor, al oro, lo que los hace susceptibles a formar un "mercado negro".
"Si consideramos que desde 1993 se introdujo en México el convertidor catalítico y casi 15 millones de vehículos producidos en el país desde el año 2000 y hasta 2018, todos ellos con convertidor catalítico es fabricado totalmente en el extranjero el cual tiene un periodo de vida no mayor a 2 años por qué no producirlos en territorio nacional y reciclarlos en el mismo lugar sobre todo considerando que cada vehículo requiere de 2.6 catalizadores en promedio cada 5 años", señalaron Elías Vanegas, otro vocero de la AIMAR.
Finalmente urgieron a la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados a no dejarse llevar por intereses políticos o económicos y sí aprobar la derogación del artículo mencionado.
EB