En 2025, alrededor de 1.2 millones de personas adquirieron el VIH y 570 mil murieron por enfermedades relacionadas con el sida, lo que equivale a cerca de 3 mil 400 nuevas infecciones y mil 600 fallecimientos cada día, informó Winnie Byanyima, directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, ONUSIDA.
Además, 8.9 millones de personas que viven con VIH todavía no reciben tratamiento, mientras que aproximadamente 45 por ciento de las niñas y los niños con el virus carecen de medicamentos antirretrovirales. Al cierre de 2025, 32.1 millones de personas tenían acceso al tratamiento, 78 por ciento de los 40.9 millones que viven con VIH en el mundo.
“Cada una de estas cifras es una vida humana. Es un niño, una madre, una pareja, un amigo. Detrás de estos números existe una verdad incómoda: el progreso se está desacelerando”, advirtió Byanyima durante la presentación del informe mundial de ONUSIDA 2026, en la 26 Conferencia Internacional sobre el Sida, AIDS 2026.
La funcionaria señaló que las nuevas infecciones aumentaron en tres de las cinco regiones del mundo y en 21 países, por lo que rechazó que la emergencia sanitaria haya terminado.
“La pandemia del VIH no ha terminado. Sin una acción urgente, podría resurgir. El mundo se encuentra en una encrucijada”, alertó.
Byanyima explicó que el informe cuenta dos historias contrapuestas: una de extraordinarios avances científicos y otra marcada por los recortes financieros, el incremento de las desigualdades, los ataques contra los derechos humanos y la reducción de los espacios de participación de la sociedad civil.
“Hoy tenemos medicamentos preventivos tan eficaces que, si llegan a todas las personas que los necesitan, podemos acabar de manera realista con el sida como problema de salud pública”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que los recortes de financiamiento están poniendo en riesgo más de tres décadas de avances alcanzados por las comunidades, los gobiernos, los científicos y el personal sanitario.
Desde el punto máximo de la epidemia, las nuevas infecciones disminuyeron 65 por ciento y las muertes relacionadas con el sida bajaron 73 por ciento. Además, los tratamientos antirretrovirales han permitido salvar más de 28.5 millones de vidas.
“Este es uno de los mayores logros de salud pública de nuestra época, pero debemos ser claros: progreso no es lo mismo que victoria”, sostuvo.
"La ciencia hizo su trabajo; ahora la política debe hacer el suyo”
La directora de ONUSIDA advirtió que la crisis financiera ya no es una amenaza futura, sino una realidad que está provocando la reducción de programas preventivos, el cierre de organizaciones comunitarias, despidos de trabajadores sanitarios y pérdida de acceso a la atención médica.
En 2025, el financiamiento de los gobiernos donantes destinado a la respuesta contra el VIH en países de ingresos bajos y medios cayó 25 por ciento, el descenso anual más pronunciado desde que comenzó el registro internacional.
Algunos países dependían de la ayuda oficial para financiar cerca de 60 por ciento de su respuesta al VIH y ahora enfrentan recortes de servicios esenciales.
“Las organizaciones comunitarias están cerrando, los programas de prevención se están reduciendo, los trabajadores de salud están perdiendo sus empleos y las personas ya están perdiendo el acceso a la atención”, declaró.
Byanyima sostuvo que las consecuencias son previsibles: “Cuando desaparece la prevención, aumentan las infecciones. Cuando se interrumpe el tratamiento, las personas mueren. Ya hemos visto esto antes y sabemos cómo termina esta historia si no actuamos”.
La funcionaria subrayó que la reducción de recursos y servicios no es inevitable ni responde a la falta de herramientas médicas.
“Es el resultado de decisiones políticas”, afirmó.
A pesar de la crisis, destacó que la investigación científica atraviesa uno de los momentos más prometedores desde el inicio de la epidemia, debido al desarrollo de medicamentos preventivos de acción prolongada, incluidas pastillas mensuales e inyecciones que pueden aplicarse cada mes o cada seis meses.
Las inyecciones semestrales ofrecen una protección cercana a la efectividad de una vacuna y podrían permitir que mujeres jóvenes, adolescentes, hombres homosexuales y otras poblaciones se protejan sin tomar diariamente una pastilla.
“Terminar con las nuevas infecciones ya no es simplemente una aspiración. Es científicamente posible”, declaró.
ONUSIDA calcula que alrededor de 20 millones de personas necesitarían acceder a medicamentos preventivos de acción prolongada para modificar la trayectoria de la epidemia.
Para alcanzar esa cobertura, Byanyima planteó precios asequibles, licencias voluntarias rápidas, competencia entre fabricantes de medicamentos genéricos, producción regional, transferencia de tecnología y la incorporación acelerada de estas alternativas a los programas nacionales de salud.
“Los avances científicos por sí solos no acabarán con el sida. El acceso lo hará. La innovación sin acceso no es innovación, es injusticia”, sentenció.
La directora de ONUSIDA afirmó que el fin de la epidemia ya no está limitado por la ciencia, sino por la desigualdad y las decisiones políticas.
“Los científicos hicieron su parte. La ciencia hizo su trabajo; ahora la política debe hacer el suyo”, expresó.
También denunció un retroceso mundial en los derechos humanos y señaló que, por primera vez desde que ONUSIDA comenzó a vigilar los marcos legales, la criminalización está aumentando en lugar de disminuir.
Actualmente, 66 países penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo; 168 criminalizan aspectos del trabajo sexual; 152 sancionan el consumo de drogas y 14 penalizan a las personas transgénero.
Otros 50 países exigen el consentimiento de los padres para que adolescentes accedan a servicios relacionados con el VIH, mientras que 159 mantienen restricciones al espacio cívico, lo que limita el trabajo de organizaciones encabezadas por las comunidades.
“Cuando las personas temen ser detenidas, sufrir violencia, discriminación o estigma, evitan los servicios de salud. El VIH se propaga cuando se niegan los derechos”, señaló.
Byanyima afirmó que los derechos humanos no son un componente separado de la respuesta mundial, sino una condición indispensable para detener las infecciones y las muertes.
“Los derechos humanos son la respuesta al VIH. Los derechos humanos son tratamiento contra el VIH. Los derechos humanos salvan vidas”, declaró.
La funcionaria recordó que 149 Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron una nueva Declaración Política sobre VIH y Sida, con el compromiso de terminar con el sida como amenaza para la salud pública en 2030.
De cumplirse esos acuerdos, ONUSIDA estima que podrían evitarse 3.2 millones de nuevas infecciones y 1.3 millones de muertes relacionadas con el sida, además de recuperar la trayectoria necesaria para alcanzar la meta mundial.
“El camino existe, la ciencia existe, las comunidades existen y los compromisos existen. Ahora debemos cumplir”, afirmó.
Byanyima pidió a los gobiernos proteger el financiamiento contra el VIH, ampliar los programas de prevención, garantizar el acceso equitativo a los nuevos medicamentos, apoyar las respuestas encabezadas por las comunidades y defender los derechos humanos.
“La pregunta ya no es si podemos acabar con el sida. La pregunta es si elegimos hacerlo”, dijo.
"Nunca había caído tanto y tan rápido el financiamiento"
Por su parte, Beatriz Grinsztejn, presidenta de la Sociedad Internacional de Sida y copresidenta internacional de AIDS 2026, advirtió que la conferencia comenzó en Río de Janeiro en “un momento de verdadero peligro para la respuesta al VIH”, debido al desplome de los recursos aportados por los gobiernos donantes.
Explicó que un análisis de KFF y ONUSIDA reveló que el financiamiento gubernamental destinado a combatir el VIH en países de ingresos bajos y medios cayó 25 por ciento en 2025, la mayor reducción anual desde que comenzaron los registros internacionales.
“Nunca había caído tanto y tan rápido el financiamiento de los donantes”, afirmó Grinsztejn, quien alertó que las poblaciones más vulnerables ya están pagando las consecuencias.
Señaló que algunos países donantes están retirando su apoyo, mientras que numerosas naciones con una elevada carga de VIH continúan atrapadas en deudas que limitan su capacidad para sostener los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento.
“Los países donantes están eligiendo alejarse, mientras muchos países con alta carga permanecen encadenados a deudas de las que no pueden escapar”, declaró.
Ante este escenario, llamó a replantear los modelos de financiamiento que han quedado obsoletos, reconstruir los servicios afectados por los recortes y garantizar los recursos necesarios para sostener la respuesta mundial.
“Debemos repensar los modelos anticuados, reconstruir lo que se ha roto y asegurar que la respuesta obtenga los recursos que necesita”, sostuvo.
Grinsztejn subrayó que AIDS 2026 no se limita a la presentación de investigaciones científicas, sino que busca reunir a investigadores, autoridades, organizaciones civiles y comunidades para enfrentar la crisis actual y definir una ruta de acción.
“AIDS 2026 es mucho más que presentar nuevas investigaciones. Se trata de reunir a la ciencia, el liderazgo político y las voces de las comunidades para afrontar las realidades actuales y trazar un camino hacia adelante”, afirmó.
Farmacéuticas enfrentan reclamos por acceso a nuevos tratamientos contra VIH en AL
Investigadores, activistas y periodistas cuestionaron a representantes de la industria farmacéutica por las dificultades de América Latina para acceder a los nuevos medicamentos de acción prolongada para prevenir el VIH, pese a que países de la región participaron en los ensayos clínicos.
Beatriz Grinsztejn, presidenta de la Sociedad Internacional de Sida y directora de la Unidad de Investigación Clínica en VIH/Sida de la Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, advirtió durante una mesa de prensa de AIDS 2026 que los avances científicos carecen de sentido si no llegan a quienes los necesitan.
“Como dijo ayer el Ministerio de Salud de Brasil, innovación sin acceso no es innovación, es injusticia”, afirmó.
La especialista se refirió a Lenacapavir, administrado cada seis meses; Cabotegravir, aplicado cada dos meses, y una futura opción oral mensual.
“Ya sea que hablemos de inyectables de acción prolongada, de una futura opción oral mensual o de otras herramientas en desarrollo, la innovación científica sólo importa si las personas pueden acceder a ella”, sostuvo.
Jared Baeten, vicepresidente sénior de Desarrollo Clínico y responsable del área terapéutica de Virología de Gilead Sciences, informó que los acuerdos de licencias voluntarias para producir versiones genéricas de Lenacapavir abarcan 120 países.
“Dos terceras partes de América Latina están incluidas en nuestras licencias voluntarias. Estamos trabajando individualmente con cada uno de los países adicionales”, dijo.
Sin hacer mención directa en la conferencia de prensa, México fue uno de los países participantes en el estudio PURPOSE 2 de Lenacapavir, junto con Argentina, Brasil, Perú, Sudáfrica, Tailandia y Estados Unidos.
La declaración generó cuestionamientos sobre la exclusión de algunos países latinoamericanos de los acuerdos de licencias voluntarias.
Una representante de Health GAP preguntó si era ético obtener datos mediante voluntarios de la región y después dejar a sus países fuera de las licencias que permiten fabricar versiones genéricas de menor precio.
Incluso se planteó directamente que las farmacéuticas “utilizan nuestros cuerpos y después nos niegan el acceso”.
Baeten respondió que las personas participantes en los estudios PURPOSE pudieron ingresar a extensiones abiertas para recibir Lenacapavir hasta que el medicamento esté disponible en sus países o subregiones.
Añadió que Gilead amplió de dos millones a tres millones de personas el suministro previsto como puente hasta la llegada de los genéricos.
La meta anunciada con el Fondo Mundial y PEPFAR es alcanzar a 600 mil personas al cierre de 2026 y superar el millón a comienzos de 2027, cifras que también fueron cuestionadas durante la mesa por considerarse insuficientes frente a la necesidad mundial de prevención.
Grinsztejn defendió la permanencia de América Latina en la investigación clínica, pero insistió en exigir acceso.
“Además de médica e investigadora, soy activista. Soy la primera en decir que el acceso es una necesidad y que tenemos que luchar por él en todos los frentes”, expresó.
“América Latina no puede quedar fuera del espacio de investigación. Eso no sería bueno para nosotros”, agregó.
Jean van Wyk, director médico de ViiV Healthcare, informó que la empresa transfirió patentes y conocimientos técnicos al Medicines Patent Pool para desarrollar genéricos de Cabotegravir, cuya llegada al mercado se prevé para 2028.
Mientras concluye ese proceso, ViiV ofreció al menos dos millones de dosis a precio sin fines de lucro para países de ingresos bajos y medios.
Van Wyk señaló que se han proporcionado más de 520 mil dosis en al menos 18 países y que existen estudios de implementación en Brasil.
Elzette Rousseau, científica social, conductual y de implementación de la Desmond Tutu Health Foundation, presentó el proyecto ALIGN, que ofrece PrEP oral, Cabotegravir cada dos meses y Lenacapavir cada seis meses a personas de entre 15 y 35 años.
El estudio prevé incluir a tres mil 700 participantes.
Hasta ahora, Lenacapavir ha sido la opción más solicitada, seguida de Cabotegravir y la PrEP oral.
Adaobi Lisa Olisa, representante de la organización Root to Rise, advirtió que el principal riesgo se encuentra en la distribución de estas innovaciones.
“La ciencia no está fallando, la ciencia está avanzando. Donde tenemos el riesgo es en la implementación”, afirmó.
Eliav Barr, vicepresidente sénior, jefe de Desarrollo Clínico Global y director médico de Merck Research Laboratories, presentó Alimatravir, una tableta oral mensual experimental que continúa en estudios de fase tres.
Barr informó que MSD firmó un acuerdo con Fiocruz para trabajar en su posible fabricación y acceso en Brasil y otros países latinoamericanos, en caso de que el medicamento demuestre eficacia y obtenga aprobación sanitaria.
Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid, informó que el organismo ha invertido más de 150 millones de dólares durante 12 años en programas de PrEP y anunció 15 millones adicionales para apoyar la introducción de nuevos métodos en ocho países, incluidos Brasil, Sudáfrica y Zambia.
El director de Unitaid subrayó que la producción regional será indispensable para ampliar la cobertura y reducir la dependencia de proveedores externos.
“Acceso sin producción regional es un mal acceso”, afirmó.
IYC