El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco González planteó que se deje de aplicar la medida actual de etiquetado nutrimental frontal que forma parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, porque es contraria a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De aprobarse el proyecto que someterá a votación en la Segunda Sala de la Corte, se mejorará la medida actual con base en las recomendaciones nacionales e internacionales.
La estrategia fue emitida por la Secretaría de Salud y establece los requisitos que obligatoriamente debe contener el etiquetado de determinados productos, entre ellos, el porcentaje del contenido calórico por ingesta diaria recomendada sobre azúcares, carbohidratos, grasas no saturadas y saturadas, proteínas y sodio.
La propuesta deriva del estudio a un amparo que interpuso la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Comité Consultivo de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio.
La Cofepris y el comité impugnaron el amparo concedido a El Poder del Consumidor, asociación civil que alegó que el etiquetado se ordenó sin base en evidencia científica; no es entendible por la población mexicana y establece un criterio de azúcar que representa un riesgo a la salud, violando derechos de los consumidores.
Franco González propone ratificar el amparo otorgado por Fernando Silva García, juez octavo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, quien determinó que el etiquetado es contrario a las recomendaciones de la OMS sobre los azúcares añadidos, así como a los estudios y recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública.
El juez señaló que viola los derechos a la salud y a la información por no proveerles datos claros a los consumidores, además de haber carecido de estudios científicos para su formulación.
En el proyecto, Franco señala que “el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la salud de las personas, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas de salud y sociales adecuadas. Por tanto, se trata de un organismo con facultades para emitir recomendaciones que si bien no son vinculantes para la autoridad sanitaria, repercuten en la elaboración de las políticas públicas implementadas, por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo, cuyos objetivos son de cumplimiento obligatorio para las dependencias de la Administración Pública Federal”, indica el expediente.