La transición del Seguro Popular al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aprobado hace seis días por la Cámara de Diputados, se realizará sin afectación a los servicios médicos y suministro de medicamentos que actualmente son prestados por instituciones públicas y privadas.
Así lo informó la Secretaría de Salud a través de un comunicado luego de que el Congreso de la Unión aprobara una reforma a la Ley General de Salud con lo que se trasladarán en un inicio los 40 mil millones de pesos del actual Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud al nuevo instituto.
La dependencia encabezada por Jorge Alcocer Varela detalló que con dicha reforma “los padecimientos serán atendidos sin restricciones; es decir, habrá una atención universal a todos los padecimientos que generan gastos catastróficos, incluidos todos los tipos de padecimientos oncológicos, así como los análisis clínicos, medicamentos y demás insumos requeridos para los tratamientos”.
“Se cubre el abastecimiento de todos los medicamentos oncológicos, incluido el Metotrexato, conforme a las disposiciones sanitarias del país, con lo cual se garantiza la calidad y efectividad del medicamento, para brindar el mejor tratamiento”, se explica en el documento.
De igual manera, se insistió que la atención médica de pacientes no será interrumpida, ya que la normatividad en proceso de aprobación por parte del Poder Legislativo, prevé y garantiza la continuidad en la atención de los padecimientos que actualmente se encuentran en proceso de atención con expediente clínico.
Sector Salud precisó que la aprobación en la Cámara de Diputados del dictamen que reforma la Ley General de Salud pretende proveer de servicios de salud de manera gratuita a las personas sin seguridad social, así como la creación del Fondo de Salud para el Bienestar como un Fideicomiso Público.
El 23 de octubre, Milenio informó que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo advirtió que no permitiría una centralización de los esquemas de salud desde la Federación y añadió que entre sus homólogos de otras entidades se analizaba la posibilidad de interponer una controversia constitucional o un amparo.
“Parece que es inminente que desaparezca y el Seguro Popular va a desaparecer y van a poner el nombre que quieran, lo que a mí me preocupa es la centralización, osea, si le cambian el nombre y me siguen guardando el recurso, nosotros no tenemos problema que le pongan como quieran", comentó en su momento el Mandatario Estatal.