Las aguas residuales son un importante foco de contaminación, pues transportan muchas sustancias nocivas, además de bacterias y virus; por ejemplo, el de la actual pandemia. Ante ello se debe endurecer la legislación para regular las descargas y socializar las consecuencias del uso de esta agua en la actividad agrícola.
Lo anterior lo consideró René Romero Rivera, presidente de la red de Consciencia ambiental “Queremos vivir”. Según explicó, es un tema al que da puntual seguimiento el colectivo de comunidades en defensa de la vida de la región tolteca, por la relevancia que tiene.
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En esta semana, dijo, entregaron al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) un trabajo que contiene el resultado de distintos estudios científicos sobre la contaminación en la región de Tula, entre los trabajos se encuentran muchas investigaciones que abordan la polución en la región Tula y sus efectos adversos en la salud pública.
Por ello los ambientalistas acercaron el resultado de esas investigaciones a la dependencia, para que ésta la encause a las instancias federales, entre ellas la Secretaría de Salud, para considerarlas en la atención a la problemática.
Pero aclaró que es importante que se aplique la legislación, pues aunque haya normativa ambiental no se respeta, ya que no se revisa la calidad de las descargas residuales vertidas al río Tula o a la presa Endhó, por ejemplo.
Destacó que hay voluntad de parte del secretario de Medio Ambiente en el gobierno de México, pues el funcionario les ha referido que hay un programa de rescate a cuerpos de agua para remediar este tipo de problemáticas.
A pesar de ello, señaló que la tarea de las organizaciones ambientalistas es pugnar para que los funcionarios no soslayen el tema, toda vez que en ocasiones hay un excesivo optimismo de parte de los servidores públicos hacia su propia labor, aun cuando incurren en incumplimientos, de ahí la importancia de cuestionarlos, dijo.
Aunado a esta visión de los funcionarios, se suma una legislación ambiental que no es estricta, y por ello la intención de los ambientalistas de incidir en el ámbito legislativo para que se mejore la política en este rubro.
Explicó que el tema de las aguas residuales requiere de especial atención por su uso en el aspecto agrícola de la región. Estas descargas transportan distintos contaminantes, bacterias y virus, como el del SARS-CoV-2, que produce la enfermedad covid-19, sin que se le dé la atención debida a esta problemática.
Apenas esta semana Marisa Mazari Hiriart, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (Lancis) del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), refirió en su participación en el foro Sistema de vigilancia del coronavirus en redes de drenaje, que “aunque la ruta de transmisión del SARS-CoV-2 es principalmente de persona a persona, este virus se ha detectado en otros fluidos corporales como secreciones y excretas en pacientes desde los cinco días de enfermedad y que se han podido detectar hasta los 30 días”.
Hay indicios de que incluso pudiera presentarse en modo infeccioso en las heces. No obstante en el mismo foro, Ana Cecilia Espinosa, técnica académica del Lancis, subrayó que una de las dificultades es que en México los virus no están considerados como agentes que deban monitorearse tanto en agua de consumo humano como en agua residual, aunque debería integrarse dentro de las normas de calidad del agua.
Romero Rivera expresó que en el caso de la región de Tula está bien documentada la polución, su origen, pero se requiere que esas investigaciones deriven en políticas públicas para desincentivar el uso de agua residual por sus efectos adversos a la salud.
En este sentido destacó que se debe socializar el tema de los daños a la salud, pues el sector agrícola en la zona defiende el uso de esas aguas para riego, pese a los riesgos por los contaminantes, bacterias y virus que transportan.