A casi un mes de que Christian Augusto “N” fuera sentenciado a 113 años y cuatro meses de prisión por el secuestro agravado, violación y homicidio del niño Mateo Santiago, el condenado presentó un recurso de apelación en el que sostiene que durante el proceso penal se le impidió presentar pruebas, no se le ofreció un procedimiento abreviado, su detención fue ilegal y diversas pruebas utilizadas en el juicio carecen de validez.
Sin embargo, el representante legal de la familia de la víctima Mariano Valdivia Correa aseguró que dichos argumentos contradicen lo ocurrido durante el proceso y varios de ellos ya fueron resueltos por las autoridades judiciales.
En entrevista con MILENIO, Valdivia Correa, confirmó que el recurso ya fue presentado y explicó que el sentenciado elaboró una apelación de 26 páginas en las que busca que un Tribunal de Alzada revoque la sentencia o reponga el procedimiento.
“El acusado, obviamente, ejerciendo su defensa material, está apelando precisamente la sentencia. Él refiere que le fueron violentados varios derechos fundamentales”, explicó.
Uno de los principales argumentos del condenado es que no se le permitió ofrecer pruebas durante el juicio. No obstante, el abogado recordó que fue el propio acusado quien renunció a ellas durante la etapa intermedia del proceso, luego de cambiar de un defensor particular a uno público.
“Él renunció a ofertar pruebas, es decir, cuando hace el cambio de defensa particular a defensa pública en la audiencia intermedia, él se desistió de sus pruebas que tenían, que eran unos testimonios, algunos videos y creo que fotografías”, dijo.
Otro de los agravios planteados en la apelación consiste en que, según el sentenciado, nunca se le ofreció un procedimiento abreviado. Para Valdivia Correa, esa afirmación resulta contradictoria porque durante todo el proceso sostuvo ser inocente.
“Incluso se contradice el mismo porque él se dice inocente y precisamente el primer requisito del procedimiento abreviado es reconocer la participación en el hecho del cual se le está acusando a la persona”, afirmó.
El representante legal también rechazó que el acusado pretenda desacreditar el trabajo de peritos, médicos forenses, policías municipales y agentes de investigación criminal bajo el argumento de que ninguno fue testigo presencial de los hechos.
“El médico legista no va a ser testigo de un hecho de delitos que son de comisión oculta, como es la desaparición forzada, como es la violación de un niño de 12 años”, afirmó.
Entre los argumentos de la apelación también se encuentra la petición para restar credibilidad a un testigo que observó a Mateo salir del consultorio en compañía del hoy sentenciado, debido a que no conocía el nombre de la víctima ni del acusado, situación que el abogado calificó como improcedente.
Asimismo, el condenado volvió a sostener que su detención fue ilegal. Sin embargo, Valdivia Correa indicó que ese planteamiento ya fue analizado tanto por un juez de control como mediante un juicio de amparo.
“Eso ya fue resuelto, incluso fue tema de un amparo que él interpuso el año pasado”, puntualizó.
Valdivia Correa informó además que durante la revisión del expediente el sentenciado alegó que únicamente había recibido una parte de la carpeta de investigación. No obstante, aseguró que un juez verificó que contaba con las mismas 2 mil 222 fojas que tenían la Fiscalía, la defensa pública y los asesores jurídicos de la familia.
Otro aspecto que llamó la atención de la representación legal fue la existencia de una tercera contestación de apelación elaborada por una persona que, aseguró, no aparece registrada como defensor público, defensor particular ni asesor jurídico dentro del proceso.
“Hay una tercera contestación de apelación de una persona que no sabemos quién es. No está nombrada como defensor a pública ni como defensor público esta persona; entonces nos vamos a solicitar al juez que nos aclare quién es esa persona que no está nombrada en juicio, pues porque es de llamar mucho la atención”, señaló.
Finalmente, el abogado explicó que la familia y la asesoría jurídica cuentan con tres días para responder formalmente a la apelación. Posteriormente, un Tribunal de Alzada analizará los agravios planteados y resolverá si confirma la sentencia, ordena la reposición del procedimiento o modifica la resolución.
“La sentencia ahorita no se mueve; la sentencia no está firme. Si nos dan la razón a nosotros, seguramente el acusado va a interponer un amparo (…) y esto nos tomará alrededor de prácticamente unos dos años”, concluyó.