El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) advirtió sobre una serie de irregularidades en la actuación de las autoridades estatales durante y después de la manifestación del 15 de noviembre en Guadalajara.
En un pronunciamiento, el organismo señaló que la respuesta policial mostró elementos preocupantes, entre ellos uso excesivo de la fuerza, detenciones cuestionables y deficiencias en la garantía de derechos básicos para las personas arrestadas.
¿Qué irregularidades denuncia el CEPAD?
De acuerdo con los testimonios y registros recabados por el CEPAD, policías uniformados y agentes vestidos de civil realizaron detenciones en los alrededores del Palacio de Gobierno, incluso de personas que no participaban directamente en la protesta. Varias de ellas denunciaron agresiones físicas, periodos de incomunicación y retrasos injustificados en su presentación ante el Ministerio Público. El organismo también documentó que algunas detenciones no fueron ingresadas de manera inmediata en el Registro Nacional de Detenciones, lo que abre la posibilidad de desapariciones forzadas de corta duración.
El acompañamiento legal también resultó insuficiente: dos defensores de oficio fueron asignados para atender a 39 detenidos, una proporción que, de acuerdo con el CEPAD, impide una defensa adecuada y compromete el derecho al debido proceso. El organismo agregó que el juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz validó las detenciones pese a las irregularidades reportadas, y recordó que este juzgador ha sido señalado previamente en recomendaciones sobre casos de tortura y detenciones arbitrarias.
El pronunciamiento también cuestionó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, del Secretario de Seguridad y del gobernador Pablo Lemus, al considerar que contribuyen a estigmatizar a las personas detenidas y a generar una percepción anticipada de culpabilidad. Además, señaló la ausencia de un posicionamiento firme por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que en un inicio avaló la actuación policial.
El CEPAD contextualizó estos hechos en una línea histórica de tensiones entre fuerzas de seguridad y manifestaciones en Jalisco, recordando episodios como los del 28 de mayo de 2004 y las detenciones masivas de junio de 2020. Para el organismo, la repetición de estos patrones indica fallas estructurales en la actuación policial y la necesidad urgente de garantías de no repetición.
El Centro llamó a que la audiencia de vinculación se realice bajo estándares internacionales, que se investiguen de forma exhaustiva las violaciones documentadas y que se publique el decreto que crea la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, con el fin de asegurar investigaciones independientes y efectivas.
SRN