La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para deslindar responsabilidades sobre el colapso en San Antonio Abad 124, que dejó tres personas muertas y un herido, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
En conferencia de prensa, la mandataria local indicó que su administración ya se contactó con los familiares de los tres trabajadores que fallecieron por el accidente y se les atenderá.
“Nuestro gobierno ya se encuentra en comunicación y en contacto con las familias de las tres personas fallecidas, apoyándolas en distintas áreas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya los contactó y los está apoyando, desde la instalación de un espacio que estuviese cerca del lugar donde fue el rescate, hasta la contratación de un hotel en donde ellos puedan estar descansando”, comentó al señalar que los familiares de las víctimas vienen de Hidalgo, Estado de México y Veracruz.
Brugada, acompañada por parte de su gabinete del rubro de vivienda y obras, agradeció a los cuerpos de rescate de diversas instituciones que no descansaron hasta localizar a los cuatro trabajadores atrapados.
La jefa de Gobierno recordó que dicho inmueble se dañó en el sismo de 2017 y un año después se notificó sobre su demolición, para lo cual se realizaron los trámites procedentes, pero hasta ahora se estaba cumpliendo con los trabajos.
“Notificó a la alcaldía procedente, de acuerdo a la ley de reconstrucción, a la ley orgánica de las alcaldías y el reglamento de construcciones. Ya la Fiscalía General de Justicia inició una investigación sobre los hechos.
"El gobierno de la Ciudad de México expresa la voluntad de que esta investigación, como todas, se conduzca con transparencia y se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias para deslindar todas las responsabilidades necesarias y sobretodo atender a las familias y cumplir con la reparación integral del daño”, subrayó.
Gobierno capitalino pidió a alcaldías vigilar demoliciones
Además, solicitó a las 16 alcaldías de la Ciudad de México fortalecer los mecanismos de supervisión y vigilancia de las demoliciones.
Al respecto, el director del Instituto de Vivienda (Invi), Inti Muñoz, ofreció más detalles del inmueble.
“Los propietarios del inmueble constituyeron el Fideicomiso 777 San Antonio Abad, con el objetivo de gestionar y ejecutar las acciones necesarias, relacionadas con la demolición del predio. Mediante escrito con fecha 14 de julio de 2025, el representante legal del citado Fideicomiso, solicitó a la Comisión para la Reconstrucción la aplicación del Acuerdo General de Facilidades Administrativas para trabajos relacionados con la demolición del inmueble.
“Estas facilidades administrativas, como dicta la Ley para la Reconstrucción, tienen como finalidad simplificar los procesos relacionados con inmuebles afectados por los Sismos de 2017”, explicó.
Agregó que la Comisión para la Reconstrucción realizó el análisis jurídico y administrativo de la solicitud, determinando su procedencia, pero aclaró que “lo anterior no exime a los particulares de que en la ejecución de las obras, se deba cumplir con las medidas de seguridad, de protección civil y demás responsabilidades derivadas de esa ejecución.
“En este sentido, al tratarse de una obra a cargo de particulares y con recursos privados, la ejecución y responsabilidad de los trabajos corresponde a los mismos. En consecuencia, es responsabilidad de la empresa cumplir en todo momento con esas normas en materia de construcciones; contar con un director responsable de obra o corresponsable de seguridad estructural, quienes deben avalar el proceso de demolición declarado en su solicitud.
"A su vez, es facultad de las alcaldías la verificación e imposición de medidas de prevención en la ejecución de obras, cuando éstas no cumplen con el reglamento de construcciones y demás disposiciones en materia de protección civil”, concluyó.
HCM