La Fiscalía de Jalisco capturó en Tlajomulco de Zúñiga, a una mujer identificada como Vanessa Guadalupe 'N', quien contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, la detenida inició una relación sentimental con un adolescente en 2020. Las indagatorias arrojaron que en ese lapso de tiempo decidió llevárselo a vivir directamente a su domicilio en la demarcación antes mencionada.
Las autoridades señalan que, durante el periodo que compartieron vivienda, la mujer presuntamente le daba bebidas embriagantes al menor de edad. Esta acción la realizaba de manera recurrente con la finalidad de poder cometer los abusos físicos en contra de la víctima.
Tras recibir una denuncia formal por parte de los familiares de la víctima, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación pertinente. El personal ministerial recabó las pruebas necesarias y solicitó el mandato judicial correspondiente para detener de inmediato a la probable agresora.
¿Cuál es la situación jurídica de la detenida?
Los agentes del área de mandatos judiciales implementaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones del asentamiento para lograr su captura exitosa. El personal de la Fiscalía del Estado informó que la imputada no puso resistencia física al momento del arresto.
Posteriormente, los policías de investigación pusieron a Vanessa Guadalupe 'N' a disposición del juez de control que requería su presencia en el complejo judicial. El juzgador determinará su situación legal en las próximas horas mediante la audiencia de vinculación a proceso.
La Fiscalía del Estado aseguró que mantendrá las indagatorias firmes para esclarecer el caso por completo y garantizar la justicia. Las autoridades ministeriales pretenden que este atropello cometido en contra de la integridad de la infancia no quede en la impunidad.
El personal de apoyo psicológico de la dependencia estatal ya brinda la atención necesaria a la víctima menor de edad y a sus padres. Los colectivos locales exigieron que se apliquen las penas máximas correspondientes por los delitos de explotación y maltrato.
MC