La madrugada de este jueves 12 de enero agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutaron una orden judicial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en Hidalgo.
Elementos de seguridad del Estado de México ingresaron a las instalaciones mientras corporaciones de Hidalgo resguardaban el perímetro.
Fue desde las primeras horas del día que se reportó movimiento de patrullas y unidades oficiales en los alrededores de la planta, lo que generó expectación entre trabajadores y habitantes de la zona. Hasta el momento no se han detallado públicamente los alcances específicos de la restitución ordenada por el juez.
Fuentes cercanas al caso señalan que el procedimiento forma parte de la disputa por el control administrativo y operativo de la empresa, una prolongada disputa interna por el control de la cooperativa.
Por un lado, el grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, identificado como La Disidencia, busca asumir la posesión de la planta con base en resoluciones judiciales. En contraparte, el bloque de la llamada Resistencia, liderado por Federico Sarabia, mantiene el control operativo, situación que sus opositores califican de irregular.
Disputa en Cruz Azul
La planta cementera ha sido escenario de enfrentamientos jurídicos y administrativos entre distintos grupos que se disputan la representación legal de la cooperativa. Estos conflictos han derivado en órdenes judiciales, diligencias ministeriales y presencia recurrente de fuerzas de seguridad en diferentes momentos.
El episodio más grave ocurrió en abril de 2022, cuando un intento de irrupción dejó ocho personas muertas. Desde entonces, la pugna legal y física por la planta se ha mantenido latente, elevando la tensión entre trabajadores y directivos.
¿Qué es una diligencia ministerial de restitución?
En términos jurídicos, una diligencia ministerial de restitución implica ejecutar una resolución judicial que ordena devolver la posesión o control de un inmueble a quien el juez reconoce como legítimo titular. No es un cateo ni una investigación penal directa, sino el cumplimiento de una determinación judicial previa.
La participación de autoridades de Hidalgo en seguridad perimetral suele responder a criterios de prevención de alteraciones al orden público, especialmente cuando se trata de instalaciones industriales de gran tamaño con trabajadores y población cercana.
En antecedentes públicos, el conflicto en Cruz Azul ha involucrado procesos penales, órdenes de aprehensión, juicios mercantiles y disputas sobre la administración de activos. También ha tenido impacto laboral y económico, dado que la cooperativa es uno de los principales productores de cemento del país y un actor relevante en varias regiones.