Una futura pandemia de influenza A podría causar 58.5 millones de muertes en dos años si no hubiera vacunación, mientras que distribuir las dosis según la capacidad económica de los países provocaría 2.7 millones de fallecimientos adicionales frente a un reparto proporcional al tamaño de la población mundial.
El análisis forma parte del estudio “The NUS–Lancet PRIME Commission: transforming pandemic readiness for equity”, publicado por The Lancet.
La Comisión sobre Preparación Pandémica mediante Instituciones, Movilización de Comunidades y Equidad, PRIME por sus siglas en inglés, examinó por qué los planes y capacidades formales no protegieron por igual a la población durante covid-19.
La investigación reunió evidencia de 20 países mediante estudios cualitativos, seis revisiones de evidencia, escenarios prospectivos hacia 2035 y una modelación epidemiológica.
El modelo simuló durante dos años una pandemia de influenza A en 173 países, con medidas para reducir la transmisión y vacunas disponibles a partir del día 100.
Sin vacunación, estimó 58.5 millones de muertes.
Si las dosis se distribuyeran según la capacidad de pago de cada país, la mortalidad disminuiría 59 por ciento, hasta 23.9 millones de fallecimientos, lo que evitaría 34.6 millones de muertes.
Con un reparto proporcional al tamaño de la población mundial, la reducción alcanzaría 64 por ciento y las defunciones bajarían a 21.2 millones, con 37.3 millones de vidas salvadas.
La diferencia entre ambos escenarios sería de 2.7 millones de muertes, atribuible a la forma de distribuir las vacunas.
El impacto también sería desigual entre países.
Bajo el esquema condicionado por la capacidad de compra, las naciones de altos ingresos reducirían hasta 81 por ciento su mortalidad, mientras que los países de bajos ingresos conseguirían una disminución de apenas 28 por ciento.
Frente al reparto proporcional, la distribución por capacidad de pago produciría 1.5 millones menos de muertes en los países de altos ingresos, pero 4.2 millones más en el resto del mundo.
La simulación no predice cuándo ocurrirá una nueva pandemia ni cuántas personas necesariamente morirían.
Su objetivo es medir cómo la cooperación internacional, la disponibilidad de vacunas y los criterios utilizados para repartirlas pueden modificar la mortalidad.
La Comisión tomó como punto de partida las consecuencias de covid-19
En el mundo se confirmaron más de 770 millones de infecciones y se notificaron más de 7 millones de muertes, aunque el exceso de mortalidad se acercó a 28 millones de fallecimientos.
Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial disminuyó alrededor de 1.7 años, con lo que se perdió casi una década de avances.
La economía global se contrajo cerca de 3 por ciento en 2020 y las pérdidas acumuladas entre 2020 y 2024 fueron estimadas en casi 14 billones de dólares.
La crisis empujó a entre 70 y 100 millones de personas adicionales a la pobreza extrema.
En el momento más crítico de los cierres escolares, más de 1 mil 600 millones de estudiantes tuvieron interrumpido su aprendizaje.
Para PRIME, esas consecuencias demostraron que la preparación pandémica no puede limitarse a hospitales, laboratorios, vigilancia epidemiológica, planes de emergencia y reservas de insumos.
También depende de que las personas puedan conservar sus ingresos, alimentarse, aislarse en una vivienda adecuada, acceder a servicios médicos y recibir información comprensible y confiable.
México: Comunidades indígenas quedaron en un “vacío institucional”
En México, el estudio se concentró exclusivamente en las experiencias de comunidades indígenas durante la pandemia.
Entre los autores que participaron en la Comisión figuran Edson Serván-Mori y Sergio Meneses-Navarro, investigadores del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.
El análisis mexicano se basó en seis entrevistas individuales y dos grupos de discusión, realizados en español, con 26 participantes en total.
Los autores precisaron que se trata de una investigación cualitativa destinada a identificar experiencias y mecanismos de exclusión, por lo que sus resultados no constituyen una estimación estadística ni pueden generalizarse a toda la población mexicana.
Los testimonios señalaron que la respuesta concentrada en hospitales provocó el “abandono sistemático” de la atención primaria y dejó a comunidades rurales e indígenas en un “vacío institucional”.
Ante la ausencia o la desconfianza hacia los servicios públicos, parteras tradicionales se convirtieron en un primer punto de atención para personas indígenas y no indígenas que temían acudir a hospitales concentrados en pacientes con covid-19.
Los participantes denunciaron además retrasos en la atención relacionados con la apariencia indígena o la lengua que hablaban.
La comunicación oficial agravó las barreras
Los mensajes difundidos principalmente en español y por internet ignoraron la diversidad lingüística, las limitaciones de conectividad y las concepciones locales, lo que volvió incomprensible o inaccesible parte de la información sanitaria.
Frente a esos vacíos, algunas comunidades establecieron cordones sanitarios y recurrieron a conocimientos ancestrales y formas propias de organización.
En determinados casos, esas acciones se desarrollaron en oposición a medidas gubernamentales consideradas inadecuadas o poco confiables.
Organizaciones civiles también asumieron tareas de información y asistencia.
Un Kilo de Ayuda recurrió a figuras comunitarias voluntarias y reconocidas localmente para identificar las necesidades de poblaciones indígenas y remotas y comunicarlas a organizaciones y autoridades municipales.
El estudio documentó asimismo barreras administrativas
La exigencia de identificaciones expedidas por el Instituto Nacional Electoral podía impedir que personas marginadas accedieran a determinados servicios, mientras regulaciones cada vez más rígidas dificultaban la actuación de las organizaciones civiles.
La Comisión describió este fenómeno como un “doble bloqueo”, porque excluía tanto a quienes necesitaban ayuda como a quienes intentaban proporcionársela.
La alimentación representó otra fuente de vulnerabilidad
Los participantes mexicanos describieron comunidades con dificultades estructurales para conseguir alimentos frescos y nutritivos, pero con amplia disponibilidad de productos poco saludables y calorías de bajo costo.
El estudio relacionó esas condiciones con enfermedades metabólicas que elevaron el riesgo de muerte durante la pandemia.
La Comisión advirtió que las respuestas comunitarias no deben convertirse en sustitutas permanentes de la responsabilidad estatal, porque disponen de recursos limitados y ofrecen una cobertura desigual.
En los 20 países analizados, PRIME identificó cinco vulnerabilidades recurrentes: inseguridad económica y alimentaria; vivienda inadecuada o hacinamiento; barreras administrativas para acceder a servicios; desconfianza y fallas de información; y sistemas incapaces de absorber una crisis sin trasladar la carga a las familias y comunidades.
Por ello, recomendó fortalecer la atención primaria y la cobertura universal, incorporar la protección social a los planes de emergencia, financiar la participación comunitaria, mejorar la comunicación de riesgos y garantizar un acceso más equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos.
También propuso aplicar una “prueba PRIME” a planes, presupuestos y políticas para determinar si protegen realmente a las personas, reducen desigualdades y permiten corregir fallas antes y durante una emergencia.
La conclusión es que un país puede cumplir formalmente con los indicadores internacionales de preparación y, aun así, dejar desprotegida a parte de su población.
Prepararse para una nueva pandemia, sostuvo la Comisión, exige identificar con anticipación dónde puede romperse la protección y corregir esas fallas antes de que vuelvan a traducirse en enfermedad, desigualdad y muertes evitables.
DG