Luego de que el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato acreditará violencia política contra dos exregidoras de San Diego de la Unión durante la administración municipal 2021-2024, las afectadas impugnaron la resolución.
Con ello, esperan que también se reconozca que fueron víctimas de violencia política en razón de género y que los responsables sean sancionados e inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Durante una rueda de prensa de Morena, Rosalinda Castañón Sánchez y Erika Colmenero Padrón señalaron que la sentencia representa un reconocimiento a las agresiones que denunciaron durante tres años, cuando integraron el Ayuntamiento encabezado por Juan Carlos Castillo Cantero.
Sin embargo, consideraron que el fallo quedó incompleto al no reconocer la modalidad de violencia relacionada con el género.
El abogado Luis Enrique Barbosa detalló que la denuncia electoral fue presentada en octubre de 2024 y que, después de dos años de procedimiento, el Tribunal Estatal Electoral acreditó violencia política.
“El tribunal consideró que únicamente se acreditaba la violencia política, es decir, no se acreditó la violencia política en razón de género, cosa con la que no estamos de acuerdo. Sin embargo, al acreditarse la violencia política, se emitieron medidas de no repetición”, explicó.
Por su parte, el abogado Miguel López detalló que la defensa impugnó la resolución el 26 de octubre ante la instancia correspondiente, al considerar que el tribunal realizó una valoración diferenciada de las conductas denunciadas, pese a que, desde su perspectiva, existían elementos para acreditar violencia política en razón de género.
“Si se considera como una violencia política en razón de género, además de las medidas de repetición y reparación, vendría una sanción contra este alcalde y contra todo su equipo por la sistematicidad con la que se condujera”, dijo.
La defensa busca que la instancia revisora determine la procedencia de sanciones y la inscripción de los responsables en el registro nacional, con el argumento de que estas medidas contribuirían a inhibir que se repitan las conductas denunciadas.
Por su parte, Rosalinda Castañón Sánchez ex regidora exigió al Congreso del Estado y al actual Ayuntamiento de San Diego de la Unión:
“Exigimos que el Congreso del Estado y el Ayuntamiento actúen, que cumplan con su responsabilidad, porque el Palacio Municipal no puede ser refugio de personas condenadas por violencia”, manifestó.
Castañón Sánchez también informó que existe una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, identificada con la carpeta de investigación 11-7382-2024, que, aseguró, permanece estancada.
Añadió que tiene temor por su integridad y la de su familia, por lo que responsabilizó públicamente al exalcalde y a otras personas señaladas por cualquier posible agresión.
Finalmente, las exregidoras relataron que durante su gestión enfrentaron ocultamiento de información, obstáculos para acceder a documentos, burlas e intimidaciones durante las sesiones de Cabildo.
Colmenero Padrón aseguró que incluso llegó a sufrir una crisis hipertensiva derivada de la presión que vivió durante ese periodo.