Un grupo de 200 familias de origen indígena de la comunidad Nueva Huasteca en el municipio de Mina, Nuevo León, presentó las primeras denuncias por el presunto delito de despojo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Liberio Porfirio Hernández, regidor del municipio y presidente del Consejo Indígena de Nuevo León, acudió con un grupo de 15 afectados para presentar las primeras 80 denuncias por el presunto despojo cometido por el empresario Marcelo Ramírez Gómez, socio y dueño de la empresa Inmobiliaria AI LLC, a quien le pagaron 10 millones de pesos.
Los afectados, originarios de Puebla, Veracruz y San Luis Potosí, aseguraron que adquirieron predios de 20 por 30 metros a Ramírez Gómez, quien les entregó la cesión de derechos para un asentamiento humano para viviendas para la comunidad indígena.
Un juez decretó el pasado 9 de septiembre de 2025 deshacer el contrato de compraventa, pero resolvió no vulnerar los derechos adquiridos de las personas indígenas, y debía ser analizado por un juzgado de lo civil.
Sin embargo, sin orden judicial de ese juzgado civil, denunciaron que el empresario se adelantó y con un grupo armado desalojaron a la comunidad y empezaron a demoler.
“Había mucha gente armada con camionetas, no eran policías, envío o contrato donde se presentaron (a desalojarnos). Alzamos la voz con profunda indignación, y con plena conciencia histórica, para denunciar un acto grave de injusticia, despojo y violación sistemática de los derechos humanos cometido por Marcelo Ramírez Gómez, dueño y representante de la Inmobiliaria Al LCC.
“Esto sucedió contra más de 200 familias indígenas y la mía propia, pertenecientes a pueblos originarios asentados en la zona de la Nueva Huasteca, en el municipio de Mina, Nuevo León”, denunció.
El grupo de afectados acusó que el 10 de septiembre pasado empezó un despojo tras cinco años de residir en la Nueva Huasteca y empezó la demolición de las viviendas y destrucción de cultivos y pérdidas patrimoniales por 10 millones de pesos.
“A unos les dieron 5 a 10 minutos (para desalojar) y a la gente se la llevaron custodiando… han destruido paulatinamente con toda la finalidad de borrar huellas.
“A pesar de que solicitamos que quitaran a la gente (armada del empresario) porque se posesionó y puso un módulo de propiedad privada… además, hasta puso ahí logotipos de la Fiscalía aparentando que la Fiscalía le dio la orden, sabemos que es otro delito, creemos que todo esto lo hace con lujo de violencia en contra de los derechos humanos y de las personas”, dijo el presidente del Consejo Indígena de Nuevo León.
María Josefina Juan López, originaria de Toluca, consideró la situación injusta e ilegal, pues ya había invertido 800 mil pesos en su patrimonio.
Los afectados exigieron de manera categórica a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León una investigación profunda, seria, imparcial y con enfoque intercultural y de derechos indígenas, que reconozca plenamente la calidad indígena de las víctimas y determine las responsabilidades penales, administrativas y civiles.
En redes sociales, el empresario y la inmobiliaria AI LCC ofrecen en redes sociales la venta de terrenos campestres de 600 metros cuadrados con valor de 100 mil pesos y 110 mil con enganches de mil pesos y 5 mil pesos mensuales en Mina y en Paseo de las Minas en García.
ecl