Los hoteles y establecimientos de hospedaje en Hidalgo estarán obligados a aplicar nuevos mecanismos de verificación cuando reciban a personas menores de edad, como parte de una reforma legal orientada a prevenir posibles casos de trata de personas, explotación sexual infantil y otras formas de violencia.
La modificación fue aprobada por el Congreso del Estado mediante cambios a la Ley de Turismo Sustentable y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo nuevas responsabilidades para los prestadores de servicios turísticos relacionados con el hospedaje.
Con las nuevas disposiciones, los establecimientos deberán verificar la identidad de las personas adultas que soliciten habitaciones y acreditar el parentesco, tutela, patria potestad o autorización correspondiente cuando ingresen acompañadas de niñas, niños o adolescentes.
La reforma también establece que los hoteles deberán aplicar los protocolos que emita la Secretaría de Turismo estatal para la identificación de posibles situaciones de riesgo y reforzar las medidas de protección hacia la población infantil y adolescente.
En caso de que no pueda acreditarse la relación entre el adulto y el menor de edad o se detecten inconsistencias durante el proceso de registro, los responsables de los establecimientos estarán obligados a notificar de manera inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y, cuando corresponda, al Ministerio Público.
La iniciativa busca cerrar espacios que puedan ser utilizados para la comisión de delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual infantil, mediante una mayor corresponsabilidad de los establecimientos turísticos en la detección temprana de situaciones irregulares.
Durante la discusión legislativa también se destacó la participación de representantes del sector hotelero y de autoridades turísticas estatales, quienes respaldaron la incorporación de mecanismos preventivos para fortalecer la seguridad de menores de edad en espacios de hospedaje.
La reforma entrará en vigor conforme a los plazos establecidos en el proceso legislativo y obligará a los prestadores de servicios turísticos a adecuar sus procedimientos de registro y verificación para cumplir con las nuevas disposiciones legales.