El exprocurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, rechazó los señalamientos contenidos en la nueva recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa y aseguró que el documento carece de sustento legal, revictimiza a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y busca desacreditar a quienes participaron en las primeras investigaciones.
En entrevista con Alejandro Domínguez para MILENIO Televisión, el exfuncionario sostuvo que la recomendación está "viciada de origen" porque, afirmó, fue elaborada tras una reforma al reglamento interno de la CNDH realizada cuando el Consejo Consultivo del organismo no estaba integrado, luego de la renuncia de seis de sus integrantes en 2023.
Iñaki Blanco afirma que la recomendación carece de validez
Blanco explicó que la nueva recomendación reabrió un expediente que, según dijo, ya había sido concluido con la emisión de una recomendación previa en 2018.
A su juicio, el procedimiento utilizado por la Comisión fue una decisión unilateral que dio origen a un documento basado en interpretaciones que buscan confundir a la opinión pública y responsabilizar a funcionarios sin pruebas.
"Así no se construye una verdad. Desde mi punto de vista, lo que se elaboró fue una mentira histórica", afirmó.
El exprocurador también rechazó el señalamiento de que no ha sido investigado por el caso Ayotzinapa. Señaló que ha rendido declaración ministerial en seis ocasiones ante distintos fiscales encargados de la investigación, además de comparecer ante comisiones legislativas y ante la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, encabezada en distintos momentos por Alejandro Encinas y Arturo Medina.
Niega acusaciones de tortura y vínculos con Guerreros Unidos
Respecto a las acusaciones de tortura atribuidas a la entonces Procuraduría de Guerrero, Blanco aseguró que existen certificados médicos de entrega y recepción que documentan el estado físico de las personas puestas a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Indicó que, de haber existido actos de tortura durante el tiempo en que los detenidos estuvieron bajo custodia estatal, la propia PGR habría dejado constancia e iniciado las investigaciones correspondientes.
Además, citó el informe Doble Injusticia, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que —afirmó— los actos de tortura documentados ocurrieron después de que la Procuraduría de Guerrero dejó de intervenir en el caso.
Sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, Blanco sostuvo que, por el contrario, su administración ya investigaba a esa organización antes de la desaparición de los 43 estudiantes.
Explicó que, tras el secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona y otras seis personas, la Procuraduría estatal trabajó de manera coordinada con la entonces PGR para integrar información sobre la estructura, zonas de operación y principales integrantes de Guerreros Unidos.
Como parte de esas investigaciones, dijo, se elaboró un documento denominado "Objetivos de Atención Especial", preparado por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el que aparecía identificado el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como presunto integrante de dicha organización criminal.
Blanco aseguró que ese documento fue presentado en las mesas del Grupo de Coordinación Guerrero entre 2013 y 2014, en las que participaban autoridades federales y estatales.
???? #ENEXCLUSIVA | El exprocurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, rechazó los señalamientos en su contra dentro de la nueva recomendación de la @CNDH sobre #Ayotzinapa y desacreditó las acusaciones de omisión, complicidad criminal y montaje.#AlexEnMILENIO pic.twitter.com/q7FJcdvyC6
— Alejandro Domínguez (@AlexDominguezB) July 16, 2026
Asegura que la PGR era la responsable de detener a José Luis Abarca
El exprocurador también respondió a las críticas por la falta de una detención previa de José Luis Abarca.
Según explicó, la Procuraduría de Guerrero y la entonces Procuraduría General de la República acordaron que sería la autoridad federal la encargada de ejecutar la captura, debido a que la investigación correspondía a delitos relacionados con delincuencia organizada.
Blanco insistió en que la información sobre los presuntos vínculos de Abarca con Guerreros Unidos fue entregada oportunamente a las autoridades federales y formó parte de los trabajos de coordinación en materia de seguridad antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Finalmente, adelantó que continuará respondiendo a los señalamientos contenidos en la nueva recomendación de la CNDH, incluidos los relacionados con las diligencias realizadas en los puntos donde fueron localizados restos humanos durante la investigación del caso.