La iniciativa para regular los centros de rehabilitación contra las adicciones en Jalisco podría aprobarse en marzo. El diputado local del PAN, César Octavio Madrigal Díaz, informó que la propuesta ya fue presentada ante el pleno y actualmente se encuentra en análisis en la Comisión de Salud del Congreso del Estado.
“Yo esperaría que no tardara tanto, yo esperaría que, por la importancia de este tema, en este mes de marzo se estuviera ya dictaminando en la comisión de salud, y, una vez que se dictamine, al otro día, se se manda a las áreas correspondientes para que en la siguiente sesión del pleno pueda ser votada”, detalló César Octavio Madrigal Díaz, diputado del PAN.
La iniciativa fue presentada el 28 de enero y plantea reformar diversos artículos de la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco.
El objetivo: regular los llamados ‘anexos’, donde actualmente, según expuso el legislador, entre el 90 y el 95 por ciento operan fuera de norma, sin licencia y sin supervisión suficiente.
En Jalisco, dijo existen cientos de estos centros distribuidos en los 125 municipios, y de acuerdo con expertos, apenas cuatro servidores públicos supervisan su funcionamiento.
“El objetivo es regular los comúnmente conocidos como anexos o centros de tratamiento y rehabilitación contra las adicciones, principalmente drogadicción en el estado de Jalisco. (…) vemos un grave problema en el tema de estos centros, que, prácticamente, el noventa, noventa y cinco por ciento están fuera de norma, están fuera de la ley, no tienen licencia”, dijo.
La propuesta contempla la creación de un Instituto Jalisciense para la Regulación, Profesionalización y Cultura de la Paz en Salud Mental y Adicciones, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.
Este instituto sería el encargado de autorizar el funcionamiento de los centros, supervisarlos de manera periódica y garantizar que cuenten con personal profesional, planes integrales de tratamiento y respeto a los derechos humanos.
También se prohíben expresamente actos como tortura, incomunicación, ingresos forzosos o retención de documentos, y se plantean multas de hasta 600 mil pesos, además de la suspensión de actividades y denuncias penales en caso de violaciones.
“Darle un mensaje de esperanza a todas estas personas que actualmente están recibiendo estos tratamientos contra las adicciones en estos centros de rehabilitación o anexos, de que estamos trabajando para mejorar sus derechos humanos en estos lugares”, señaló.
De aprobarse, los centros ya existentes tendrían un plazo de doce meses para regularizarse. La iniciativa ahora está en manos de la Comisión de Salud. El plazo legal para dictaminar es de hasta 90 días hábiles.
MC