En lo que va del año, la delegación de la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco) en Hidalgo ha recibido cerca de 100 quejas en contra de empresas autofinancieras; de este total, la mitad de los casos ya han sido remitidos a las instancias judiciales correspondientes.
Durante entrevista, el titular de la dependencia federal, Navor Rojas Mancera, informó que el proceso se encuentra avanzado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), luego que de las 50 quejas judicializadas, ya se han emitido aproximadamente diez órdenes de aprehensión.
"Tenemos por el momento en lo que va del año cerca de 100 quejas, de las cuales la mayor parte ya se judicializó. Calculo que por lo menos 50 se han judicializado”, destacó.
Respecto al procedimiento, el delegado explicó que la dependencia federal actúa inicialmente como conciliadora; sin embargo, cuando no se logra un acuerdo entre las partes, se procede a "salvar los derechos" del consumidor para que este inicie un juicio jurídico mercantil o penal.
Para agilizar estos casos, se estableció una mesa de trabajo especial en la procuraduría estatal, coordinada por autoridades de dicha dependencia con la finalidad de garantizar el avance de la indagatoria. Rojas Mancera señaló que esta mesa permite dar un seguimiento específico a los fraudes cometidos por este tipo de establecimientos.
Sobre las sanciones administrativas, el delegado reveló que han optado por no aplicar suspensiones físicas de manera inmediata en ciertos casos. Lo anterior, debido a que el cierre de los locales permitía que los responsables huyeran a otros puntos para continuar operando.
"No nos conviene, valga la palabra, suspender, porque entonces huyen. Lo que estamos haciendo es no suspender para que llegue la procuraduría y los detengan”, declaró.
Rojas Mancera hizo un llamado a las personas afectadas para que no abandonen el proceso administrativo y acudan a la mesa de trabajo establecida. Aseguró que, aunque el tema es "muy complicado", el trabajo conjunto con la PGJEH busca garantizar la justicia para los consumidores defraudados.