Paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación afecta sedes en Edomex

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendieron actividades este viernes en sus sedes de Toluca y Naucalpan, Estado de México, para sumarse al paro nacional contra el nuevo esquema de evaluación de desempeño, al considerar que pone en riesgo sus derechos laborales, antigüedad y permanencia en sus puestos.

​Manifestación en Naucalpan 

En Naucalpan, más de mil trabajadores de las sedes ubicadas en la calle 16 de Septiembre y Boulevard Toluca realizaron una protesta frente a las instalaciones, donde permanecieron en los accesos principales sin ingresar a los edificios. Posteriormente, se trasladaron al Periférico Norte, donde bloquearon los carriles en dirección sur a norte, a la altura de Primero de Mayo, para exigir diálogo con representantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

La movilización también provocó afectaciones parciales en Boulevard Toluca, aunque inicialmente los manifestantes evitaron bloquear la vialidad debido a su cercanía con el acceso al Metro Toreo de Cuatro Caminos.

Cierre de instalaciones en Toluca 

En Toluca, los trabajadores cerraron las instalaciones de la sede federal y se sumaron a la suspensión de actividades ordinarias en juzgados y tribunales, como parte de una movilización que se extendió a por lo menos 16 entidades del país.

Rechazan examen de conocimiento y evaluación al personal 

Los inconformes señalaron que el nuevo mecanismo contempla exámenes de conocimientos y evaluaciones al personal de carrera judicial, cuyas primeras aplicaciones están previstas para los primeros días de diciembre.

Alex Pérez, activista que participa en el movimiento, explicó que el esquema de evaluación contempla una calificación en la que 40 puntos dependen directamente del trabajador, mientras que los 60 restantes corresponden a factores externos y ajenos a sus conocimientos y desempeño.

Por su parte, Alejandro Varas de Valdez, trabajador del Poder Judicial Federal, consideró que aceptar estas evaluaciones equivale a firmar una renuncia en blanco, pues temen que los resultados sean utilizados para desconocer su antigüedad, vulnerar sus derechos laborales o separarlos de sus puestos.

Los trabajadores también señalaron que el Instituto Federal de la Defensoría Pública les notificó la convocatoria para presentar las evaluaciones durante diciembre, por lo que solicitaron establecer un diálogo antes de que se lleven a cabo.

Entre sus principales demandas se encuentran establecer criterios claros, reconocer la antigüedad y experiencia del personal, garantizar que las pruebas sean diagnósticas, ofrecer capacitación y crear mecanismos para revisar los resultados. Asimismo, exigen dejar sin efectos el acuerdo publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cuál es la postura del Órgano de Administración Judicial?

En respuesta, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sostiene que la primera evaluación tendrá carácter exclusivamente diagnóstico y no afectará la permanencia laboral; sin embargo, los trabajadores mantienen su rechazo a las disposiciones que contemplan las evaluaciones posteriores.

La suspensión de labores no implica el cierre total de los servicios, pues se mantienen guardias para atender asuntos urgentes, como amparos relacionados con detenciones o situaciones que representen un riesgo para la vida.

Este paro ocurre en el Estado de México dos años después de las movilizaciones derivadas de la reforma judicial de 2024, cuando trabajadores mantuvieron cerrada la sede de Toluca durante aproximadamente dos meses y medio, hasta alcanzar un acuerdo el 28 de octubre y reanudar plenamente los plazos el 4 de noviembre.

En esta ocasión, las inconformidades se dirigen contra las disposiciones del Órgano de Administración Judicial, organismo que asumió las funciones del extinto Consejo de la Judicatura Federal.

kr