Como parte de sus atribuciones para hacer cumplir la normativa ambiental y prevenir daños a los ecosistemas, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) llevó a cabo, entre el 7 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 133 visitas de inspección y verificación en 33 municipios del estado. Dichas acciones derivaron en la imposición de 44 clausuras totales o parciales.
Durante las diligencias se constató que los sitios o establecimientos no contaban con la documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, o bien representaban un riesgo inminente de desequilibrio ecológico y deterioro de los recursos naturales.
Entre los municipios visitados en este periodo se encuentran Ameca, Cañadas de Obregón, Arandas, Degollado, Encarnación de Díaz, Poncitlán, San Juan de los Lagos, Tequila, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán el Grande, entre otros.
Mayoría de incidentes en Río Santiago
La dependencia también detalló que 99 de las inspecciones se realizaron en municipios que integran el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago, región considerada estratégica por su nivel de afectación ambiental.
Las visitas se efectuaron ante la existencia de un riesgo inminente de daño grave a los recursos naturales derivado de las actividades desarrolladas en los sitios inspeccionados.
Los rubros atendidos incluyeron emisiones a la atmósfera, manejo de residuos de manejo especial, operación de granjas, impacto ambiental y funcionamiento de sitios de disposición final de residuos.
¿Cuáles son las sanciones por contaminar el agua?
Según el Código Penal Federal en su Título vigésimo quinto, capítulo primero, la pena por verter residuos que constituyan un peligro para la flora y fauna, ecosistemas, calidad del agua, suelo, subsuelo o medio ambiente, van desde uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa por estos actos ilegales o que no apliquen las medidas de seguridad y protección adecuadas.
JVO