Rogelio Barba Álvarez tiene una propuesta que en Jalisco todavía parece lejana. La idea tiene que ver con crear una agencia antidrogas parecida a la que conoció cuando estudió en España que, en lugar de perseguir a quien consume sustancias prohibidas, lo atienda.
No plantea una fiscalía más ni otra corporación dedicada a caer sobre quienes venden en la esquina, sino una instancia distinta, con un pie en lo asistencial y otro en lo preventivo.
La idea parece indiscutible, pero en la práctica va a contracorriente de casi todo lo que México ha hecho con las drogas en las décadas más recientes.
Barba es doctor en Derecho, criminólogo formado en Madrid y Florencia y jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Su diagnóstico es que aquí el combate camina con una sola pierna, la del castigo, y arrastra la otra, la de la atención.
“Se tienen que combatir las drogas no solamente por medio de la fiscalía o desde una perspectiva judicial, sino también con el tema de la atención. Porque, al final de cuentas, quien está al último de la cadena es el drogadicto. Es el que consume esa droga que no sabemos verdaderamente qué es lo que tiene”, señala el especialista.
El modelo que propone no es un experimento improvisado que se le ocurrió. Existe, tiene nombre y lleva casi treinta años funcionando.
La experiencia española
La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid nació por ley en 1996 como un organismo autónomo que coordina en un solo lugar lo que en Jalisco hoy está repartido entre media docena de instancias que no se comunican entre sí.
Esta agencia conjunta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción. Además, centraliza la información sobre el consumo para su análisis.
Una legislación española posterior puso por escrito el principio rector de este esquema, que es tratar al drogodependiente como un enfermo y no como un delincuente.
Bajo ese modelo, el tratamiento se otorga en centros repartidos por el territorio, es ambulatorio, lo financia el sistema público de salud y alcanza también a las familias.
Parte de una premisa científica que aún hace falta asimilar en México: que la adicción no es una falta de voluntad, sino una enfermedad crónica del cerebro, biológica y social a la vez.
Barba conoció el modelo por dentro. La agencia madrileña buscaba a los consumidores en su propio entorno, en los campamentos.
Recogía las jeringas usadas para cambiarlas por limpias, analizaba la composición de las sustancias y distribuía metadona para contener el síndrome de abstinencia: “Establecer campamentos para intercambiar las jeringas, ver la calidad de la droga y decirles: ‘Mira, esta droga sí se puede consumir o no se puede consumir’”.
Posteriormente, ocurría lo que en Jalisco casi nunca pasa. La persona no quedaba a la deriva, sino que ingresaba a un programa integral de rehabilitación vinculado a apoyos de formación y empleo.
Perfil humano
Humanizar es la palabra con la que Barba enfatiza una y otra vez: “Hay que humanizar más el combate a las drogas. Debe haber un ámbito asistencial, preventivo principalmente, y luego, obviamente, el área de investigación policial y la judicialización. Es combatir el fenómeno de las drogas de manera integral. No solamente de golpe y porrazo”.
España no es el único referente.
Portugal dio un paso más drástico en 2001, al convertirse en el primer país del mundo en despenalizar el consumo y la posesión de todas las drogas para uso personal.
No las legalizó. Mantuvieron su estatus de prohibición, pero convirtieron el consumo en una falta administrativa en lugar de un delito, bajo la premisa de cárcel para quien trafica y terapia para quien enferma.
Allá la multa no la impone un juez, sino una comisión social de disuasión integrada por médicos y trabajadores sociales.
Diversos estudios coinciden en que el éxito no radica en la ley misma, sino en la red de atención, la reducción de daños y el acompañamiento posterior. Veinte años después, las infecciones por VIH cayeron, los encarcelamientos por drogas disminuyeron y el consumo no se disparó.
Suiza había iniciado antes, en los años noventa, mediante un esquema de cuatro pilares: prevención, terapia, reducción de daños y represión.
El modelo incluyó la entrega de heroína médica bajo supervisión y la apertura de salas de consumo en condiciones higiénicas, reduciendo a la mitad la mortalidad por sobredosis en una década, lo que convirtió al modelo en referente para Europa y Canadá.
En todos estos casos subyace la misma idea que sostiene Barba. La adicción es primero un problema de salud pública y después, si acaso, un asunto policial.
Tratamiento efectivo
En Jalisco, el orden está invertido: “Queremos confrontar el tema de las drogas deteniendo personas, que está bien, o desarticulando laboratorios, pero luego dejamos por un lado esta parte sensible que tiene que ver con los adictos, porque luego los criminalizamos”.
Los centros donde estas personas terminan deberían estar supervisados por el Estado, pero carecen de regulación efectiva: “Sabemos que están ahí recluidos, sabemos que la gente los trata mal y no hay una política que verdaderamente vea ese lado humano”.
La escena cotidiana entre la autoridad y el consumidor ilustra esta falla estructural: “Criminalizan al chavo, le quitan el reloj, le quitan el teléfono, en vez de orientarlo. Como siempre, la línea más delgada es a la que se llega y el más perjudicado, pues, es el adicto”.
Para el investigador, parte central del problema es el abandono de la prevención en la conversación pública: “Antes, en la televisión había campañas, el gobierno te hablaba. Hoy yo no veo campañas sobre el tema de la adicción”.
Los riesgos del cristal
Mientras la prevención estatal disminuyó, el acceso a sustancias sintéticas de bajo costo se profundizó, con el cristal como principal factor de riesgo: “Tenemos una droga potencialmente peligrosa que circula sin ningún problema, que está a las puertas de la casa y a la mano de los jóvenes.
La sensación de consumir cristal es la sensación de alivio, de estar confortable. Eso es lo que te hace preferir ese tipo de droga”. Su bajo precio responde a la facilidad de producción en laboratorios clandestinos del crimen organizado.
El perfil de quienes caen en esta adicción se concentra principalmente en varones de entre 15 y 32 años: “En los varones, el discernimiento no lo alcanzamos tan rápido. La madurez la tardamos más que las mujeres, inclusive, según la Organización Mundial de la Salud”.
De ahí su conclusión de que el Estado debe intervenir con prevención antes que con la fuerza pública: “Yo creo que el Estado debe ser no paternalista, pero sí prevencionista. Y no solamente radicalizar el uso de la fuerza para contener la criminalidad con el derecho penal, sino utilizar el lado humano del Estado”.
Esta postura no implica impunidad para el narcotráfico. Barba diferencia al consumidor del traficante, exigiendo mayor rigor punitivo contra las estructuras criminales y sugiriendo revisar marcos legales como los de Italia o Colombia para perseguir a los mandos delictivos.
Barba afirma sobre la legislación penal mexicana actual: “Tenemos un Frankenstein en la legislación penal mexicana, verdaderamente”.
Sin embargo, insiste en que el rigor debe aplicarse hacia las cúpulas y no hacia la base vulnerable: “No tenemos que criminalizar al último de la cadena del narcotráfico, que es precisamente el joven que ya está en las drogas o que está empezando”.
Barba sintetiza su visión tras observar situaciones de consumo en la vía pública durante una estancia en Winnipeg, Canadá: “Es una tristeza ver a tantos jóvenes. Son nuestros jóvenes, es nuestro planeta”.
Mapa de las adicciones
En Jalisco, el cristal manda. Dos de cada tres personas que ingresan a un centro de rehabilitación con registro lo hacen por metanfetaminas, de acuerdo con el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA).
Muy por detrás quedan el alcohol, segunda causa de internamiento, con una de cada cinco personas, y la mariguana, la tercera.
Lo que hace tan grave al cristal es la velocidad.
A diferencia del alcohol, que tarda años en llevar a una persona al fondo, la metanfetamina deja secuelas en cuestión de meses. Es un estimulante sintético que actúa sobre el sistema de recompensa del cerebro y genera una dependencia rápida y difícil de romper.
De ahí que, aunque no sea la droga más consumida, sea la que más gente arrastra al internamiento.
Porque esa es la paradoja. El cristal no es lo que más se consume. Entre la población, lo que más circula es el alcohol, seguido del tabaco y la mariguana, pero ninguna de esas destruye tan rápido ni llena tantas camas como la metanfetamina.
El perfil de quien cae está bastante definido. Es, en su mayoría, hombre y adulto, en una relación de casi nueve hombres por cada mujer.
A escala nacional, el consumo experimental de drogas ilegales entre los adultos creció de 10.6 a 14.6 por ciento en la última década, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) 2025.
Entre los adolescentes, en cambio, bajó de 6.2 a 4.1 por ciento. La región Occidente, que agrupa a Jalisco con Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Colima, quedó entre las de mayor consumo del país, con 15.3 por ciento de prevalencia alguna vez en la vida.
Fuera del sistema con registro operan los anexos, donde termina buena parte de quienes no tienen a dónde más ir. En Jalisco se calculan unos 360 y, hasta febrero de 2024, apenas 177 tenían registro. Más de la mitad funciona sin supervisión del Estado.
El propio gobierno federal reconoció el giro. Anunció que en 2026 su campaña nacional de prevención, centrada durante años en el fentanilo, se reorientará hacia las metanfetaminas, tras el aumento de su consumo.
Un abordaje humano podría ser la clave ante un negocio clandestino que teje una encrucijada por el violento proceder del crimen organizado y la respuesta de las fuerzas del Estado. Todo empieza por tomar un problema de salud, no para castigarlo, sino para tratarlo e iniciar el camino a la reintegración social.
SRN