Una iniciativa presentada en el Congreso de Hidalgo busca que los jueces analicen el impacto que puede tener un desalojo en niñas, niños y adolescentes antes de ordenar la desocupación de un inmueble en juicios civiles entre adultos.
La propuesta plantea que, previo a ejecutar desalojos o entregas de vivienda, las autoridades judiciales estén obligadas a valorar cómo esa decisión puede afectar el derecho de alimentos de menores de edad, particularmente el componente de habitación.
El objetivo es que las resoluciones se tomen considerando el principio del interés superior de la niñez, evitando que menores queden en situación de vulnerabilidad como consecuencia de disputas patrimoniales entre personas adultas.
De acuerdo con lo expuesto durante la presentación de la iniciativa, decisiones que en el ámbito jurídico parecen meramente administrativas —como ejecutar una sentencia o firmar una orden de entrega de un inmueble— pueden significar para una niña o un niño perder el espacio donde vive, estudia y se desarrolla.
El planteamiento parte de que el derecho de alimentos no se limita a la alimentación, sino que también incluye vivienda, seguridad y condiciones mínimas para el desarrollo integral, tal como lo establece el marco constitucional y legal vigente.
La iniciativa advierte que en muchos litigios civiles la discusión se centra exclusivamente en la propiedad o posesión del inmueble, lo que provoca que la situación de los menores que habitan en esos espacios quede fuera del análisis judicial.
En ese contexto, se recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios donde, si quien promueve una acción civil también es deudor alimentario, la autoridad debe analizar el impacto que su decisión tendrá en el derecho de habitación de niñas y niños.
La propuesta busca trasladar ese criterio jurisprudencial al ámbito legislativo para convertirlo en una obligación expresa dentro de la ley, evitando que la protección de la infancia dependa de interpretaciones aisladas o de procesos de amparo prolongados.
Con ello se pretende que los juzgadores cuenten con una regla clara que les permita ponderar los derechos en juego antes de ordenar la desocupación de una vivienda donde habiten menores de edad.
El planteamiento sostiene que la medida no elimina derechos patrimoniales ni limita la ejecución de resoluciones judiciales, pero sí obliga a considerar las consecuencias sociales y familiares de dichas decisiones.
La intención es impedir que niñas y niños enfrenten la pérdida de su vivienda como resultado de conflictos legales que corresponden exclusivamente a los adultos involucrados en el litigio.
La iniciativa fue turnada para su análisis legislativo en el Congreso del Estado, donde deberá discutirse su viabilidad jurídica y su posible incorporación al marco normativo estatal.