La nómina educativa estatal quedó bajo observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de detectar pagos por 9.8 millones de pesos a 63 trabajadores que tenían registro de defunción en las bases de datos emitidas por la Secretaría de Salud.
De acuerdo con el informe de resultados publicado por el organismo fiscalizador, el hallazgo involucró 75 plazas adscritas a 67 centros de trabajo y correspondió a recursos federales destinados al pago de personal educativo durante el ejercicio fiscal 2025.
La revisión formó parte de la auditoría al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), mediante la cual se fiscalizaron casi 18 mil millones de pesos transferidos para financiar la educación básica y normal en la entidad.
Al confrontar las nóminas de las 24 quincenas de 2025 con los registros de defunciones de la Secretaría de Salud, la ASF identificó los pagos a los 63 trabajadores. El monto observado ascendió inicialmente a 9 millones 810 mil 017 pesos, una situación que obligó a la autoridad a presentar documentación para justificar la procedencia de las erogaciones.
Durante el proceso de fiscalización, se consiguió acreditar 9 millones 447 mil 199 pesos. De acuerdo con la documentación presentada, esos pagos correspondieron a conceptos procedentes por el desempeño de labores durante los respectivos períodos.
Sin embargo, la aclaración no fue completa. La ASF determinó que permanecieron sin justificar 362 mil 818 pesos correspondientes a cuatro trabajadores que aparecían en los registros de defunción durante el ejercicio 2025.
Por este último monto, el organismo emitió un pliego de observaciones, al presumir un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, además de las cargas financieras que pudieran generarse desde la disposición de los recursos hasta su eventual reintegro a la Tesorería de la Federación.
El caso de los trabajadores fallecidos no fue el único señalamiento en la revisión de la nómina educativa. La ASF también encontró seis comprobantes fiscales digitales que aparecían cancelados en el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un monto de 90 mil 065 pesos que permaneció sin aclararse. Ante ello, promovió una acción para que la instancia fiscal revise a las seis personas físicas que emitieron esos comprobantes.
Aunque la mayor parte de los pagos inicialmente observados fue justificada durante la auditoría, los cuatro casos pendientes mantienen bajo revisión los mecanismos de control de la nómina educativa. El análisis concluyó con 21 resultados: ocho sin irregularidades, 11 solventados y dos que derivaron en acciones de fiscalización.