El Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda (IMDUyV) de Tizayuca atribuyó a operaciones originadas en administraciones anteriores la mayor parte de los 49 millones 602 mil 180 pesos con 65 centavos observados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) durante la revisión de la Cuenta Pública 2025, al señalar que 97.55 por ciento del monto corresponde a intereses moratorios, cuentas por cobrar y procedimientos de rescisión y regularización de inmuebles.
En un comunicado fechado el 30 de octubre, el organismo municipal precisó que alrededor de 48.3 millones de pesos están relacionados con esos conceptos y que una parte importante tiene su origen en contratos celebrados en 2013, más de una década antes del inicio de la actual administración municipal.
De acuerdo con el instituto, 29.9 millones de pesos corresponden a intereses moratorios calculados sobre cuentas por cobrar derivadas de contratos de ese año. El IMDUyV sostuvo que se trata de cantidades que no ingresaron a sus cuentas y cuyo cálculo y exigibilidad deben analizarse conforme a las condiciones jurídicas de cada contrato.
El organismo también señaló que parte de las observaciones corresponde a predios que, según su documentación, permanecen dentro de su patrimonio, además de operaciones relacionadas con programas de vivienda desarrollados en coordinación con otras instituciones durante administraciones anteriores.
El IMDUyV aseguró que durante la fiscalización presentó ante la ASEH documentación y elementos técnicos y jurídicos para atender las observaciones. Sin embargo, reconoció que todavía no recibe la notificación formal del informe individual de auditoría, por lo que espera conocer las consideraciones del órgano fiscalizador para, en su caso, presentar aclaraciones y documentación adicional dentro de los plazos legales.
Las cantidades señaladas forman parte de las observaciones de la auditoría y no constituyen, por sí mismas, una resolución definitiva sobre posibles responsabilidades. El instituto afirmó que continuará atendiendo el proceso de fiscalización y proporcionará la información que corresponda ante las autoridades competentes.
La respuesta del organismo municipal plantea que el monto observado está vinculado principalmente con operaciones de años anteriores; la determinación sobre su solventación dependerá de la revisión que realice la ASEH y de la documentación que se presente durante las etapas correspondientes.