Para las personas con discapacidad, la desaparición adopta muchos rostros cuando se les niegan cuidados, derechos y voz. A veces se las traga la calle; otras, las instituciones médicas donde su dolor se cuestiona, su vida se negocia y su deseo de ser madres es visto como un capricho inadmisible.
También se diluyen en los paraderos donde el transporte público les cierra la puerta y en una ciudad que insiste en hacerles sentir que no caben en ella.
Y desaparecen, sobre todo, cuando no existen en los espacios donde se deciden sus destinos, relegadas a observar desde afuera una estructura que parece diseñada para silenciarlas.
Registro de desaparecidos
Cuando las personas con discapacidad desaparecen, casi nadie las busca. En Tamaulipas hay 71 casos documentados; más que una cifra, son vidas vulnerables que se perdieron en el silencio. Las ciudades fronterizas cargan con la mayor parte de esta tragedia: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Miguel Alemán y Díaz Ordaz reúnen 43 desapariciones. En el sur —Tampico, Madero y Altamira— se registran 10. El resto se diluye en la región cañera y el centro del estado.
Es un mapa de ausencias que pocos quieren ver. Un recordatorio de que la fragilidad no otorga protección y que, para muchos, la discapacidad no fue un límite, ni siquiera para la violencia.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPND) lleva el conteo enfocado a tamaulipecos con discapacidad desde 2006, pero casi la mitad de los casos se agolpa en un solo periodo, entre 2013 y 2015, cuando la violencia dejó su marca más profunda.
No hay rastro de su paradero
Hasta el 30 de noviembre de este año, 43 personas habían logrado regresar con vida y cinco fueron encontradas sin ella. Del resto no existe una sola pista. Son nombres que permanecen suspendidos en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda, atrapados en un limbo donde nadie confirma si siguen ahí o si ya no están.
Fueron 23 las mujeres con discapacidad que desaparecieron en Tamaulipas. Dieciséis lograron ser encontradas, una fue hallada sin vida y de las demás no se sabe nada; ni una señal, ni un rastro, ni una explicación.
“¿Para qué son desaparecidas estas personas?”, preguntó Julia Estela Monárrez Fregoso, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, durante la presentación virtual del documento “Frontera de Ausentes”. Lamenta que persista una incapacidad profunda para reconocer el sufrimiento del otro.
No solo desde las instituciones públicas, sino también desde una sociedad que se niega a sensibilizarse ante una realidad que desgarra a algunas familias. Esa indiferencia, dice, es una herida adicional para quienes ya viven con el peso de una ausencia.
Doble invisibilidad
La desaparición de personas con discapacidad ocurre en un terreno de doble invisibilidad. Es una vulnerabilidad extrema que se construye desde los descuidos familiares y la falta de empatía social, hasta la carencia de espacios públicos que permitan resguardarlos y protegerlos de amenazas, incluida la trata, señala el exprocurador del DIF Tampico, Luis Llorente Herrera.
Afirma que resulta complejo contar con un registro real sobre la desaparición de personas con discapacidad. Esto ocurre, en parte, porque las familias suelen enfrentar la resistencia de las autoridades, que prefieren clasificar los casos como extravío o abandono.
Con frecuencia, son los propios parientes quienes descuidan a la persona vulnerable o la dejan vivir sola, expuesta a cualquier riesgo.
“Esto complica aún más que existan registros previos cuando, por ejemplo, se encuentra a una de estas personas deambulando desorientada. Hay que recordar que muchas no ven, no hablan, no oyen o no pueden desplazarse como los demás; la mayoría vive con alguna condición intelectual o psicosocial que también se reconoce como discapacidad y depende engran medida de sus cuidadores”.
El especialista en temáticas de grupos vulnerables advierte que no existen protocolos de búsqueda diferenciados, lo que convierte cada caso en un laberinto oscuro donde cada hora perdida reduce las posibilidades de encontrarlos con vida.
“Muchas de estas desapariciones pueden atribuirse al descuido o a la desprotección dentro del entorno familiar. Es algo que advertí cuando estuve como procurador. En otros casos también influyen la falta de servicios médicos adecuados o su saturación”.
Hay quienes salen de sus hogares por motivos emocionales, se desorientan y se pierden; algunos mueren atropellados o por un colapso de salud antes de que alguien pueda auxiliarlos, pues pueden padecer diabetes, hipertensión o enfermedad terminal.
Por ello, Llorente Herrera propuso ante la Mesa de Seguridad Ciudadana la creación de un Centro Regional Integral donde poder resguardarlos en tanto se ubicaba a sus familiares, proyecto que se quedó pendiente.
Soledad y discapacidad
En el sur de Tamaulipas, muchas personas con discapacidad viven solas aun cuando tienen familia. A ello se suma la llegada de personas provenientes de otros estados; cuando lograban identificarlas, eran canalizadas a los DIF de sus municipios —principalmente en el norte de Veracruz o en la frontera tamaulipeca— pero su reconocimiento no siempre es posible, el paso del tiempo modifica su rostro y cuerpo, y con ello se diluye cualquier referencia para encontrarlas.
“Todos tienen su porqué están así y no hemos atendido ese origen. Hay una profunda falta de empatía, tanto de las autoridades como de la sociedad civil. Es muy triste que no existan centros donde podamos canalizar y resguardar a personas en esta situación”, expone.
Las tres violencias de las mujeres especiales
Zula Julieta Moreno Saldierna, activista con tres décadas de lucha por los derechos de las personas con discapacidad, sostiene que las mujeres de este grupo enfrentan una triple violencia: por su condición, por género y por edad. La representante de Tamaulipas ante el colectivo Mujeres Mexicanas con Discapacidad, señala que, en los últimos años, han observado un patrón alarmante: a las pacientes en esta condición las están “dejando morir”. “Porque no somos garantía de nada —así nos ven— están dejando morir a las mujeres con discapacidad; no nos quieren operar en las instituciones médicas”, denuncia Zula Julieta, quien tiene una discapacidad motriz congénita que le impide caminar y vivió esta discriminación en carne propia. A ella le detectaron cáncer y requería una cirugía urgente.
El médico que la atendió le pidió 100 mil pesos para operarla de manera particular. Cuando le respondió que no contaba con el recurso y que tendría que ser ahí en el IMSS, el galeno le advirtió que tendría que esperar un año. Abogada con maestría en Administración Pública, Moreno Saldierna sabía que la ruta para salvar su vida era promover un amparo. Lo hizo, y gracias a ese recurso legal logró que la intervención quirúrgica se realizara en 24 horas.
Por si fuera poco, en el sector salud también enfrentan hostilidad cuando ejercen su derecho a la maternidad, pues el personal médico les reprocha que “batallan más” para atender sus partos. “Somos víctimas de violencia obstétrica. Nos piden que no tengamos bebés porque, según ellos, batallan más al atendernos; a mí me lo dijeron en dos ocasiones. De alguna u otra forma, la violencia siempre está presente en nuestras vidas”. La presidenta de la primera agrupación de personas con discapacidad en Tamaulipas, menciona que las mujeres enfrentan más violencia que los hombres, incluso dentro de sus propias familias, donde con frecuencia son infantilizadas. A ello se suma que las instituciones no les ofrecen el apoyo necesario para emprender o desarrollarse con autonomía. Apunta que socialmente tampoco existe una verdadera cultura de respeto hacia la discapacidad y que eso deteriora la calidad de vida de este grupo vulnerable.
El maltrato sistemático inicia desde que salen de casa y el transporte público les niega el servicio sin reparo. En su caso, incluso ha llegado a enfrentar el rechazo de siete taxis de plataforma digital que, uno tras otro, se negaron un día a llevarla al hospital “para no batallar”. Narra que enfrentan también violencia institucional porque el Ayuntamiento de Tampico se ha negado a devolverles un espacio que ocuparon desde el gobierno de José Rábago (1999-2001) en el auditorio municipal para impartir cursos de autoempleo, y del que fueron desalojados por Óscar Pérez Inguanzo (2008-2010). “Nos lanzaron a la calle, fue un golpe terrible”. Recuerda que aquel episodio coincidió con su proceso de divorcio, y no fue fácil enfrentar ambos temas al mismo tiempo.
Tiempo después decidió vender sus propiedades y mudarse a Matamoros para asegurar la continuidad de su tratamiento contra el cáncer en un hospital de Houston, ciudad en la que luego se estableció. “No me quiero ir, apóyenme”, suplicó antes a funcionarios de la zona, pero no obtuvo respuesta.
Tras varios años fuera, regresó al sur de Tamaulipas y retomó su activismo, creando DISCA Concept Store, un espacio donde se exhibía y vendía lo que cada persona con discapacidad o las mamás cuidadoras elaboraban. Concluye diciendo que en algún momento de su vida ella también sucumbió y llegó a un estado de precariedad, y pudo saber por qué la comunidad con discapacidad no se mueve: “No hay transporte público adaptado, se nos priva el derecho a la movilidad y al libre tránsito”. Busca crear consciencia. Para alguien que no camina, no ve, no escucha, no entiende o no habla, todo es difícil, y más para los adultos que para los niños en esta condición
Pocos logros
A sus 43 años de edad, Raymundo Pecina Díaz de León hizo historia. Es el primer regidor con ceguera en Ciudad Madero, Tamaulipas, una conquista arrancada gracias a las acciones afirmativas que obligan a incluir en los cabildos a quienes siempre fueron dejados al margen.
Pero su presencia también muestra un contraste brutal: entre los más de 34 mil maderenses con discapacidad, solo uno logró esta vez cruzar la puerta del espacio donde se toman decisiones públicas.
Un asiento ocupado, frente a miles que siguen fuera, invisibles, esperando que la inclusión deje deser excepción y se convierta en regla. Tiene una discapacidad visual congénita, pero eso nunca lo detuvo.
Antes de ser regidor, ejercía como psicólogo y era profesor de niños con discapacidad en un Centro de Atención Múltiple, donde su propia experiencia le daba un peso distinto a cada clase y a cada acompañamiento.
“No tengo ningún problema en que me digan ciego, es el término correcto”, afirma Raymundo. De niño tenía cerca del 40% de visión y todavía podía reconocer rostros cerca, cursó la primaria y aprendió a leer y escribir. Pero su padecimiento era degenerativo, después de la secundaria la vista se fue apagando por completo. Para continuar su educación, el sistema braille se convirtió en su principal herramienta.
Después incorporó el lector de pantalla en la computadora y, con la llegada de los teléfonos inteligentes, su capacitación se volvió más accesible. Hace poco tomó cursos de programas como Excel y PowerPoint, demostrando que la tecnología, bien adaptada, puede abrir caminos que antes parecían imposibles.
Hubo un momento en que aceptar su condición no fue sencillo; perder la vista por completo en plena adolescencia marca a cualquiera, sobre todo cuando se crece con la expectativa de que la historia podría ser distinta, cuenta Pecina Díaz de León.
“Fue un reto, un cambio profundo. A mí me habían dicho que no perdería la vista, que conservaría lo poco que tenía, así que enfrentar la realidad y aceptarla fue un proceso nada fácil, pero de la mano de Dios uno adquiere fortaleza”.
Nunca dejó de estudiar y eso entretuvo su mente. Hoy lleva una vida lo más independiente posible, junto a su novia —quien también vive con discapacidad visual— camina por la calle, viaja en transporte público y cocina. En su labor como regidor cuenta con apoyo de una asistente, que le permite cumplir sus responsabilidades sin dejar de lado su autonomía. Se ha especializado en inteligencia emocional y coaching oncológico.
Considera la salud mental clave para acompañar a quienes, por alguna circunstancia, adquieren una discapacidad y necesitan herramientas para aceptar y adaptarse a ese cambio. Cada ausencia, cada rechazo, cada puerta cerrada, es un recordatorio de que la fragilidad no protege y la discapacidad es más un límite impuesto por la propia sociedad que por la vida.
Hay 71 casos documentados de desaparición en el estado, más que una cifra, son vidas frágiles que se perdieron en el silencio.
yc | JETL