De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza se redujo del 42% al 36 % de la población mexicana entre 2018 y 2022; no obstante, para la asociación civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, “no es motivo de triunfo, pues la pobreza extrema afecta a nueve millones de personas y no se redujo; además, el 65% de la población indígena es pobre, una situación provocada por las condiciones estructurales de exclusión histórica”.
Además, “la pobreza afecta a casi la mitad de las infancias y en jóvenes tiene efectos de mayor duración cuando se combina con el rezago educativo”, así lo indicaron los participantes de la conferencia “México sin pobreza y con derechos”, organizada por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Durante, con el objetivo de mostrar su postura respecto a los resultados de la medición de la pobreza que recientemente dio a conocer el Coneval.
Ante esta situación, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hizo un llamado a quienes asumirán los nuevos cargos de gobierno y congreso a niveles federal y local para establecer políticas de Estado que garanticen el cumplimiento de derechos humanos que se ven vulnerados en condiciones de pobreza como: trabajo digno y emprendimiento productivo, educación, salud, cuidado y protección social, medio ambiente sano y cuidado de la riqueza natural y el interés superior de la infancia como principio de todos los derechos.
También presentaron escalas de trabajo y de bienestar, elaboradas a partir de los datos del Coneval, en las que se observa que solo 15.8 millones de personas (12% de la población) viven en condiciones de bienestar con un trabajo con ingreso digno y sin carencias sociales. Mientras que 113.1 millones de personas (88% de la población) viven con alguna carencia y/o sin ingresos suficientes para una canasta básica.
En este panorama, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hizo propuestas en tres apartados: cambios estructurales, estrategias prioritarias y acciones urgentes de emergencia para presentarlas a aspirantes a cargos de elección a nivel federal y local sin afiliación partidista ni preferencia por candidatos.
Para los cambios estructurales se proponen dos: primero, transitar a un modelo laboral con salarios bajos y sin derechos a uno que vincule la mejora en productividad con la mejora de remuneraciones y derechos laborales. Segundo, creara un sistema universal de protección social no vinculado al trabajo que incluya acceso efectivo y universal a servicios de salud, acceso a servicios de cuidado para niñas, niños y otras personas que los requieren y un ingreso garantizado para personas sin trabajo o que no pueden trabajar.
Estrategias prioritarias:
1. Salario mínimo para cubrir dos canastas básicas e impulsar el ingreso digno en el sector empresarial.
2. Sistema nacional de cuidados con suficiente infraestructura, programas de desarrollo infantil y recuperación de escuelas de tiempo completo.
3. Política de empleabilidad para jóvenes que fortalezca los sistemas terminales técnicos, una opción de segunda oportunidad para el rezago educativo y un programa de aprendices y primer empleo.
4. Fondos y apoyos a la economía social en proyectos de economía circular y cuidado de recursos naturales, economía del cuidado, etc.
5. Padrón único de beneficiarios de los programas de transferencias monetarias asignados con transparencia, acceso garantizado a personas en pobreza y con mecanismos de blindaje contra sesgos políticos.
Acciones de emergencia que se deberían de considerar:
1. Programas de regularización y recuperación de aprendizaje producto de los efectos del cierre escolar por la pandemia.
2. Programa de “regreso a la escuela” para niñas, niños y jóvenes que no regresaron desde el 2020 hasta ahora.
3. Integración operativa de servicios públicos de salud para garantizar atención de población sin distinción para detectar y controlar las principales enfermedades de causa de mortalidad.
4. Garantizar abasto completo y oportuno a medicamentos y recuperar cobertura del programa de vacunación.
5. Evitar el uso clientelar y político de los programas sociales.
Finalizaron enviando un mensaje en el que se resalta que la ruta para lograr un México sin pobreza y con derechos “es una tarea que convoca a todas y todos, sin distingo de partidos ideología o intereses: debe ser la prioridad de los gobiernos y de la sociedad”.
RRR