Tratamiento de residuos clínicos, una tarea pendiente en México

En México, la problemática asociada con la mala gestión de los residuos clínicos, también conocidos como residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), ha alcanzado proporciones críticas, debido a la presencia de operadores de servicios que trabajan al margen de la legalidad, al no cumplir con las normativas necesarias para el traslado, acopio, tratamiento y disposición adecuada, lo que genera un impacto significativo en la salud pública y el entorno ambiental.

Esta situación ha sido abordada por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes Carmona, quien ha impulsado un punto de acuerdo para instar a los sistemas de salud federal y local a revisar las condiciones que llevan los procesos de licitación del manejo de RPBI.

Además, en el documento presentado por el diputado se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a inspeccionar que los contratos otorgados cumplan con las normas ambientales, lo que garantizará la protección del medio ambiente y la salud.

En un gesto similar a nivel local, la diputada Liliana Flores Almazán de San Luis Potosí ha solicitado la intervención de la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente local para que las autoridades ambientales realicen inspecciones en la zona limítrofe entre los estados de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, pues la quema de RPBI en esta zona ha contaminado a municipios de las tres entidades, especialmente a la comunidad de Ébano.

En la pandemia, Cofepris reportó el aumento de 400 por ciento de RPBI y, a partir de ello, surgieron prestadores de servicio sin condiciones adecuadas del tratamiento del residuo clínico. Por lo tanto, hubo muchas ofertas en el mercado en licitaciones que no cumplían con la norma. Esto generó que los RPBI estuvieran presentes en todos lados, sobre todo en áreas de alta peligrosidad para el medio ambiente y la salud.

Ante estas situaciones, es fundamental dar a conocer a las autoridades y a la sociedad en general que los residuos clínicos deben tener un tratamiento específico, ya que deben ser transportados en refrigeración con el fin de mantener una temperatura controlada por debajo de los 4 grados Celsius. La disposición de este tipo de desechos puede hacerse en rellenos sanitarios acreditados y tratados previamente bajo la debida autorización de la Semarnat, con procesos de esterilización o desactivación y triturado para eliminar su peligrosidad (salvo los patológicos que deben incinerar en hornos autorizados por la referida autoridad).

Con la circunstancia actual que tiene México, las licitaciones públicas para estos servicios no deberían basarse únicamente en la competencia de precios, sino también en la capacidad de los participantes para operar según los estándares ambientales y de salud necesarios. Ganar una licitación basada solamente en el precio, sin las condiciones adecuadas, representa una serie de riesgos para la población y el medio ambiente.

El diputado Reyes Carmona señaló que la problemática ambiental en México está estrechamente vinculada con la contratación de prestadores de servicios que incumplen las normativas existentes en áreas como el impacto ambiental, el agua, el uso de suelo forestal, las emisiones atmosféricas y el manejo integral de residuos.

La falta de políticas públicas efectivas para garantizar el cumplimiento de la normativa en el manejo de RPBI muestra la necesidad de establecer medidas que aseguren la trazabilidad efectiva en la recolección, traslado, tratamiento y disposición de estos residuos que estén en conformidad con la NOM – 087 – SEMARNAT – SSA – 2022.

El diputado morenista recordó que en México no existen políticas públicas que permitan identificar de forma satisfactoria que el Estado mexicano cumpla con la normativa en la materia de adecuado manejo de RPBI.

La Cámara de Diputados con este punto de acuerdo hace un llamado urgente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), de los Servicios Estatales de Salud y a la Profepa para abordar de manera efectiva la problemática de la gestión inadecuada de los RPBI.

Analizar el manejo de residuos clínicos, actualmente, se ha vuelto indispensable para que las autoridades competentes tomen medidas para salvaguardar la salud de la población y protejan al medio ambiente. Por tal motivo, el Poder Legislativo desempeñará un papel crucial al tener que abordar las preocupaciones ambientales y de salud desde la esfera pública.

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RRR