Emilio Quetzaolcóatl Fernández, hijo de Adela Fernández y nieto de Emilio El Indio Fernández, asegura que la casa de su abuelo “es propiedad privada, no es monumento histórico, ningún bien aquí es del Estado y no recibe su apoyo para mantenimiento y conservación”.
En una carta enviada a MILENIO, explica que “si la Casa de El Indio tiene valor artístico (por supuesto que sí, por eso hago un gran esfuerzo por mantenerla sana) eso no quiere decir que yo tenga un deber legal (que sí moral) con la población mexicana”.
A manera de aclaración sobre las notas publicadas por este diario los días 15 y 19 de agosto, Fernández argumenta que “Ana María Valdez, además de ser amiga de mi madre y mía, es mi apoderada legal para todos los asuntos relacionados con la casa y funge como la administradora. Recibe algunos pagos por comisiones y vive de sus propias actividades como agente de seguros. Nunca ha ‘lucrado’ con el bien inmueble ni las actividades que aquí realizamos”.
También comenta sobre el dinero que se obtiene de los eventos que se realizan en el inmueble: “Todos los ingresos de la casa se depositan en mi cuenta bancaria cuyos fondos en su mayoría se destinan al mantenimiento de la casona que dejó mi abuelo, pues, como es bien sabido (basta picar en internet), El Indio Fernández se gastó toda su fortuna en construirla, pero no dejó nada para mantener tan costoso inmueble”.
Emilio Fernández afirma que “todos los gastos los cubro con los ingresos que obtengo de las actividades que se mencionan en la nota y por las cuales pagamos impuestos al SAT”.
Y asegura que el inmueble no ha sufrido deterioros: “Las producciones cinematográficas y de televisión requieren mover mobiliario, esconder alguna característica de la casa, pero todo se restituye a su lugar y estado original lo mejor posible. Me aseguro que así sea. Pero voy a insistir, la casa es propiedad privada. Por mi bien personal, por la memoria de mi abuelo y de mi madre, no permitiría que se dañara, pero puedo hacer con ella lo que yo desee”.
Acerca de una demanda ambiental que recayó en su contra, Fernández menciona que la autoridad aclaró que no hay delito que perseguir: “Sobre la investigación ambiental que enfrentamos, su periódico logró copia de la declaración a la Fiscalía Desconcentrada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana del 16 de marzo de 2018, tal vez, es una hipótesis que no puedo comprobar, porque su reportero o reportera o su fuente de información la arrancó de nuestra pared donde se mostraba al público, pero en ella también la autoridad aclaraba que no había delito que perseguir”.
A continuación reproducimos la carta íntegra:
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