La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría, que desde hace años investiga violaciones de los Derechos Humanos en España durante el franquismo, aceptó la denuncia por la desaparición del poeta Federico García Lorca presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
El presidente de este colectivo, Emilio Silva, explicó que la jueza aceptó este caso y que ya envió un exhorto a España para iniciar diligencias.
El inicio de esta investigación judicial coincide con el octogésimo aniversario del asesinato del poeta y dramaturgo nacido en Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada, en el sur de España, y tras el hallazgo de unos documentos que la asociación había custodiado.
La denuncia, que fue formalizada en abril pasado, mostraba a la jueza argentina un relato que acreditaba "de manera fehaciente" las circunstancias de la detención y el asesinato de Federico García Lorca, a partir de un documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada fechado el 9 de julio de 1965.
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El informe, que mostró por primera vez la versión oficial del régimen franquista sobre la muerte del poeta, señalaba que García Lorca fue fusilado junto a otra persona y define al poeta como "socialista y masón", a la vez que le atribuye "prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi".
En agosto de 1936, García Lorca se encontraba en Granada, hasta donde había llegado días antes desde Madrid, ciudad en la que residía, explica el documento, que añade que, en el lapso de pocos días, se practicaron dos registros en su domicilio.
Después de esos registros, Lorca se refugió en casa de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, vinculados por su afiliación al movimiento Falange a los rebeldes levantados en armas contra el de la República.
Allí permaneció hasta su detención, que el documento sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936 y que se produjo con una orden procedente del Gobierno Civil.
Una vez efectuada la detención, se condujo a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil y se interesaron por él los hermanos Rosales Camacho y el jefe local y el jefe de milicias de Falange, quienes tras entrevistarse con el entonces gobernador civil no consiguieron la libertad del detenido.
La denuncia recoge que García Lorca fue sacado del Gobierno Civil "por fuerzas dependientes del mismo" y conducido en un coche al término municipal de Víznar junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen y que, en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, "fue pasado por las armas".
A partir de este relato, la ARMH informó a la jueza de la importancia de este caso para la configuración del que considera un "contexto de crímenes contra la humanidad" y que "resulta indispensable" contar con toda la documentación vinculada a este hecho que pueda encontrarse en los archivos del Ministerio del Interior español.
Como medida de prueba, solicitaron que se remitiera un comisión rogatoria al Juzgado de Instrucción de Madrid que correspondiera por turno para que recabase del Ministerio copias certificadas del expediente de la Jefatura Superior de Policía de Granada de 1965, así como toda documentación que obre en sus archivos relativa a la detención y homicidio de García Lorca.