El primer debate presidencial de 2018 será recordado como aquel en que Jaime Rodríguez, El Bronco, atrajo los reflectores —y la lluvia de memes— por una sola declaración: "Tenemos que mocharle la mano al que robe en el servicio público".
Suena a una propuesta que atenta contra todo derecho fundamental, pero en el contexto de otros códigos penales no sólo es verosímil, sino vigente.
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En algunos países regidos por el derecho islámico, existe un código de conducta llamado Sharia, que incluye, entre otras cosas, las acciones prohibidas y permitidas entre los integrantes de la sociedad. Entre los castigos que contempla están la pena de muerte, la flagelación y, adivinen, la mutilación.
Aunque con frecuencia es objeto de disputas, puesto que su aplicación no es dogmática y funge más bien como guía moral de comportamiento, está instituida como ley en estados islámicos como Afganistán, Irán y Pakistán.
Según su etimología, Sharia proviene del árabe y significa "camino o senda del Islam". La RAE lo acota como en su diccionario como "ley religiosa cuyo seguimiento de considera que conduce a la salvación".
Las acciones penadas son conocidas como Hadud, e incluyen adulterio, homosexualidad, consumo de alcohol, asaltos y robos. Cada pena se determina según el crimen. El robo sin homicidio es el que supone la pena de amputación.
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